Samuel Flores
Con más de 84 accidentes de tránsito reportados en diferentes rutas del país durante los primeros 20 días de enero de 2022, en los que estuvieron involucradas unidades de transporte extraurbano y pesado; ayer las asociaciones de transportistas, taxis, pilotos y ayudantes, instalaron bloqueos en más de 35 regiones del país para exigir que el Gobierno derogue el Acuerdo Gubernativo 17-2020, relacionado con el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, el cual entraría en vigencia el 2 de febrero próximo.
Ante esa acción el Ministerio de Gobernación otorgó 6 meses más de prórroga para la entrada en vigencia de ese acuerdo. Por supuesto que esos bloqueos generan pérdidas millonarias al comercio, industria y sector agrícola al retrasar el traslado de productos perecederos, artículos de consumo diario, combustibles, y a millares de usuarios afectados.
Mientras los transportistas pueden protestar, me pregunto ¿Quién atenderá el dolor y luto producidos ante la pérdida de vidas humanas en tragedias en las que se han visto involucradas esas unidades?; ¿Quién atenderá los gastos de velatorios y entierro de las víctimas, de los lesionados en accidentes?, por supuesto que son las familias de los deudos.
El 2 de enero de 2022 un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 64.4 de la ruta Escuintla – Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, dejó como saldo 4 personas fallecidas. El 11 de enero, un camión de remolque embistió varios vehículos a inmediaciones del kilómetro 17 de la ruta Interamericana, y dejó como saldo cuatro personas fallecidas y cinco lesionados.
El 12 de enero, dos niñas y un hombre murieron cuando un autobús extraurbano que era conducido por un piloto ebrio, se cruzó al carril contrario e impactó varios vehículos, en jurisdicción de Quetzaltenango. Otro trágico accidente que enluta a familias guatemaltecas ocurrió en Nentón, Huehuetenango, el 15 de enero, el cual dejó como saldo 17 personas fallecidas.
Al día siguiente, un autobús de transporte de pasajeros se precipitó a un barranco en el kilómetro 45.5 de la ruta Interamericana, Sumpango, Sacatepéquez, que dejó como saldo cinco personas fallecidas y al menos 30 lesionados. Todos viajaban de Quiché, hacia la capital.
Mientras los propietarios de autobuses y camiones de remolque siguen operando impunemente, las tragedias continúan produciendo luto, dolor, llanto, angustia, gastos inesperados para las familias de las víctimas y pérdidas para los lesionados.
Ante los accidentes y bloqueos generados por los transportistas, el acuerdo gubernativo 17-2020 debe cobrar vigencia y estricta observancia por las autoridades a fin de que asuman su responsabilidad. De lo contrario, seguirán sobrecargando las unidades, atendiendo mal a los pasajeros, “peleando pasaje” a máxima velocidad en las carreteras; incrementando la tarifa a su antojo y afectando a usuarios que afrontan una deteriorada economía producto de la pandemia por el COVID-19.
