Por Jorge Santos
Guatemala esta atravesando por uno de sus peores momentos, en cuanto al fortalecimiento y autonomía del Sistema de Justicia. Luego de que el país, fuera realizando una serie de acciones encaminadas a que las instituciones de justicia fueran cada vez más sólidas, más autónomas, más capaces de convertirse en uno de los pilares de la democracia y de la garantía del derecho humano a la justicia. Sin embargo, la oligarquía y las élites (política y militar) supeditadas a ésta, han emprendido un proceso de captura institucional que ha significado el inicio de uno de los mayores retrocesos para que la ciudadanía encuentre la posibilidad de romper y eliminar la impunidad en el país.
Esta captura institucional de todos los organismos que componen el Sistema de Justicia se evidencia en al menos dos grandes procesos, el primero a través de la elección o designación de figuras vinculadas o articuladas a los grupos de poder corrupto, violento e impune, tal como lo ha representado el serio e intencionado atraso en la designación de magistrados a la Corte Supremo de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación (CA) o en la designación de magistrados y magistradas a la Corte de Constitucional o bien la designación de Consuelo Porras a la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público. Y el segundo gran proceso de secuestro y captura institucional se da a través del desmantelamiento o desnaturalización de las instituciones que no les favorecen, tal el caso del ilegal acto de no trasladarle la totalidad de recursos a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Sin embargo, uno de los actos que mayor nivel de retroceso ha implicado es la designación de Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público (MP). Prácticamente, desde la llegada de Porras al MP hemos atestiguado una forma de llevar a cabo la investigación criminal deficiente e intencionalmente realizada para beneficiar a corruptos e impunes, que fueron y han sido perseguidos por sus actos por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y por la Fiscalía Especial contra la Impunidad hasta el 2019 y el primer trimestre de 2021 respectivamente. Ahora a punto de que termine el mandato de Porras, se puede afirmar que desde su posición se ha impulsado una estrategia de captura de las distintas fiscalías con la intención de obstaculizar y detener la investigación contra personajes que han sido responsables de graves delitos tales como Deberes contra la Humanidad, cohecho, financiamiento electoral ilícito, entre otros.
Es por ello, que el nuevo proceso de designación de la nueva persona que debe ocupar la Fiscalía General del Ministerio Público debe de llenar una serie de requisitos que implican, no sólo desarrollar su labor de manera profesional, sino de contar con altos conocimientos de derecho penal, ser honesta y con la capacidad de construir un actuar independiente y autónomo de los poderes económicos, políticos, militares y del crimen organizado y no permitir que se instale de nuevo el Consuelo de corruptos.
