Con toda pompa la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció hoy que “este día ha sido publicado en el diario oficial el acuerdo 9-2022, por medio del cual el Presidente Constitucional de la República, Dr. Alejandro Giammattei, ha decidido PRORROGAR POR SEIS MESES la entrada en vigencia del Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga”, supuestamente para permitir un diálogo con las partes interesadas (transportistas) para garantizar la seguridad de la población, pero con el agregado de que tendrán 30 meses después de eso para comprar los seguros.
Es una soberana vergüenza que el Estado, tan firme para defender los intereses de las mineras que envuelven sus sobornos en alfombras, sea tan nagüilón cuando se trata de proteger la vida de los guatemaltecos, especialmente afectada por la irresponsabilidad compartida entre pilotos y empresarios del transporte de pasajeros y de carga que causan con tanta frecuencia esos fatales percances que enlutan a muchos hogares guatemaltecos.
Lejos de andar tolerando la irresponsabilidad lo que las autoridades debieran hacer es forzar a la implementación de medidas, entre ellas el seguro obligatorio, para prevenir accidentes. Yo sostengo que se debiera modificar el Código Penal para establecer sanciones mucho más severas para quienes provoquen esas muertes, tanto al conducir como al entregar la responsabilidad a pilotos no capacitados.
Pero está visto que en Guatemala los que se ponen las pilas para exigir se salen con la suya y la prueba está no sólo con los transportistas que han paralizado el servicio para ejercer presión sino con los exmilitares que con sus gestos violentos lograron que el anterior presidente del Congreso presente una iniciativa de ley para darles la compensación que han estado exigiendo. En otras palabras, aquí la gente común y corriente no tiene vela más que en su propio entierro y la vida tampoco se valora porque para el gobierno es más importante quedar bien con los transportistas que velar por la seguridad vial a efecto de reducir el número de accidentes fatales.
Seis meses más de diálogo con esa caterva de irresponsables que se resisten a pagar un seguro, significa un semestre en el que nadie moverá un dedo para enfrentar el problema de la inseguridad vial. Son seis meses para darle largas al asunto y para que, al concluir el plazo, se vuelvan a producir las protestas y la paralización de servicios porque los transportistas ya saben que tienen de las narices a un gobierno inepto que ni siquiera puede hacer que se cumplan las leyes en cuestiones que son, literalmente hablando, de vida o muerte.
Hay un efectivo clamor ciudadano para que se haga algo para contener la ola de accidentes que se producen diariamente en las carreteras del país, pero eso le importa poco a un gobernante que prefiere sentarse a dialogar con los transportistas en vez de exigir el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito.
