La Fiscal General María Consuelo Porras, señalada por Estados Unidos de promover la corrupción en el país, dio un nuevo golpe en contra de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), esta vez al trasladar al auxiliar fiscal, José Daniel Mejía hacia la Fiscalía Municipal de Palencia, quien había participado en varios casos de alto impacto vinculados a la corrupción.
Mejía tuvo a su cargo la investigación de los Q122 millones localizados en una residencia en Antigua Guatemala, caso en el que estaría implicado el exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, durante el reciente gobierno de Jimmy Morales, y quien permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2020.
Consultado el Ministerio Público (MP) sobre las razones de este traslado, el Jefe de Información y Prensa del ente investigador, Juan Luis Pantaleón, indicó que el cambio “se dio a solicitud de la Fiscalía –a cargo de Rafael Curruchiche-, por razones de servicio”, y que las investigaciones en la unidad continúan “con normalidad”.
Además, justificó que las pesquisas “son investigaciones institucionales, a cargo de un equipo de trabajo, por lo que el trabajo investigativo continúa su curso”.
Por último, Pantaleón indicó que la notificación del traslado se efectuó el 22 de diciembre pasado.
CASOS EN LOS QUE PARTICIPÓ MEJÍA
Otro caso en el que participó Mejía fue el denominado Construcción y Corrupción sobre actividades ilícitas vinculadas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Según el MP se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países; adicionalmente se identificaron empresas de cartón que simulaban la prestación de servicios y facturaban sumas millonarias provenientes de sobornos.
El auxiliar fiscal también tuvo a su cargo las pesquisas del caso Red de Poder, Corrupción y Lavado en el que figura el exsecretario de la presidencia, Gustavo Alejos en el gobierno de Álvaro Colom, quien es señalado de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y defraudación tributaria.
Según las pesquisas efectuadas por la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se pudo identificar una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se habría valido de sus cargos para obtener sobornos de contratistas.
De igual forma se estableció que se utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, además de la compra de bienes inmuebles.
OTROS CAMBIOS EN LA FECI
El pasado 30 de diciembre se informó que el fiscal Carlos de León no continuaría en la FECI luego de ser asignado por Porras, como fiscal de sección adjunto en la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público. En esa oportunidad, Pantaleón explicó que el agente fiscal solicitó un ascenso el cual le fue otorgado.
El 18 de diciembre el agente fiscal Hugo González renunció a su cargo en esa fiscalía. Uno de los casos más conocidos que tuvo a su cargo fue el juicio por el caso Agua Mágica en el que fue sentenciada la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Meses antes, Porras nombró a la fiscal Ruth Patricia Arrazola González como subjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
En tanto, el 3 de agosto se conoció que Rafael Curruchiche, quien hasta ese momento era el encargado de la Fiscalía Contra Delitos Electorales pasaría a ser el nuevo titular de la FECI, luego que Carla Valenzuela también quedara fuera de la FECI.
Uno de los cambios efectuados por Consuelo Porras que más polémica generó a nivel nacional e internacional fue la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI, remoción que ocurrió el 23 de julio del 2021.
Ese mismo mes, Carlos Vides también dejó de formar parte de esta fiscalía al ser ascendido a Fiscal de Sección. En esa oportunidad el MP informó que el cambió se dio a petición del propio fiscal.
En 2019, también trascendió la renuncia del fiscal Andrei González, quien estuvo a cargo de los casos por financiamiento electoral irregular del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en donde se pidió el retiro del derecho de antejuicio a la excandidata presidencial Sandra Torres.
