Raul Molina
Este 29 de diciembre se cumplirán veinticinco años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre la URNG y el Gobierno de Guatemala. Vemos poco interés de celebrar la fecha por parte de los signatarios, ni siquiera por separado, y observamos una ciudadanía ajena al Acuerdo y sus implicaciones. Empiezo acá con el ABC de la firma de la paz, un artículo en tres partes: una, cómo se llegó a firmar el Acuerdo; dos, qué significa el Acuerdo y las expectativas con relación al mismo si se hubiesen cumplido sus disposiciones; y tres, cómo explicar el desastre de país que se tiene. Es evidente que quienes nunca contribuyeron al Acuerdo se resistieron a su adecuada implementación –CACIF se negó a participar en el Diálogo Nacional, nunca se identificó con el Acuerdo, boicoteó el referendo de 1999 sobre la reforma constitucional y presionó a los sucesivos gobiernos para aprovechar los fondos para la paz que envió la comunidad internacional, para establecer y desarrollar el modelo neoliberal. Y a partir de 2015 se han apoderado de la totalidad del Estado, mediante personajes a su servicio y asociados con el crimen organizado, los trumpistas en EE.UU., las fuerzas armadas y el sistema político. Ha sido la traición del Acuerdo.
Cuando el Acuerdo de Esquipulas II fue impulsado por los cinco presidentes de Centroamérica en 1987, ninguna de las dos partes en el conflicto -el gobierno, las fuerzas armadas y el sector privado, por el lado oficial, y la URNG por el movimiento revolucionario- creían en que un acuerdo pudiese detener el conflicto armado interno. Tanto el Ejército como las fuerzas insurgentes creían que podían imponerse en la lucha militar, a pesar de las políticas de Reagan hacia la guerra generalizada en Centroamérica. Las acciones de Washington habían mostrado su determinación de impedir el triunfo de las revoluciones en El Salvador y Guatemala y revertir la Revolución Sandinista –se dio apoyo total a los militares salvadoreños, para impedir su inminente derrota a manos del FLMN; se mantuvo la guerra de la contra en Nicaragua; y en Guatemala se dio luz verde a la política de genocidio y tierra arrasada. Solamente cuando Jorge Serrano calculó mal el impacto de la caída del bloque socialista en Europa y se propuso derrotar a la URNG por medios políticos, se hizo evidente que buscar un acuerdo de paz era obligado.
Quedó en evidencia que la comunidad internacional estaba cansada de la continuidad del conflicto armado interno y que había que aprovechar las condiciones favorables para una solución pactada. De León Carpio adelantó algunos acuerdos importantes; pero fue Álvaro Arzú quien capitalizó el momento histórico y prometió concluir la negociación, en 1996, bajo algunas condiciones que fueron determinantes para el Acuerdo que se logró y sus alcances. Hubo prisa en la firma del Acuerdo, porque, uno, se habían disminuido los recursos económicos de la URNG para mantenerse en el conflicto y, dos, era mucha la presión internacional para terminar las guerras centroamericanas; se había firmado la paz en El Salvador y la época post-Sandinista regía en Nicaragua.
(Continuará).
