Al leer que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua quedaron fuera de la llamada Cumbre por la Democracia que convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viene de inmediato la imagen que allá por los años treinta y cuarenta del siglo pasado ofrecía Centroamérica en términos de democracia, dando pena y tristeza ver en qué pararon los esfuerzos realizados por tanta gente en la segunda parte de esa centuria para construir modelos democráticos en cada uno de estos países que ahora no califican ni para formar parte de una reunión de alto nivel que persigue profundizar compromisos en ese tema.
Es algo que tengo muy presente porque mi abuelo sufrió las consecuencias de la tenebrosa alianza que habían realizado las dictaduras que entonces controlaban a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, al punto de que no sólo perseguían a sus críticos, sino lo hacían en contra de ciudadanos de otros países que llegaban para huir de la represión y persecución. Eran los días de Jorge Ubico Castañeda en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías Andino en Honduras y Anastasio Somoza García en Nicaragua, mientras que Costa Rica se iba convirtiendo en refugio de miles de asilados provenientes de esas otras naciones sojuzgadas por la tiranía. No extraña, pues, que los ticos si fueran invitados a la Cumbre por la Democracia.
Es cierto que fuera del caso de Nicaragua, donde el Sandinismo de los Ortega está repitiendo al calco las fórmulas usadas por los Somoza para mantenerse en un poder que les beneficiaba a ellos y a sus aliados, en los otros tres países no invitados gobiernan presidentes que fueron “electos popularmente” pero el hecho es que la forma en que ejercen su autoridad no tiene absolutamente nada que ver con el modelo democrático en el que el pueblo delega su soberanía en sus autoridades y éstas tienen que gobernar en ejercicio del mandato recibido.
En Guatemala y Honduras ambos gobiernos responden a intereses distintos a los de la búsqueda del bien común y mediante el absoluto control de las instituciones abusan constantemente del poder para alentar la corrupción y garantizar la impunidad. Puede ser que en ambos se produzcan elecciones, pero el viciado sistema político permite votar pero eso no significa que los pueblos puedan realmente elegir porque la clave de las victorias está en la compra de la voluntad popular, además de las facilidades que otorga el control de la autoridad electoral.
En El Salvador la situación es distinta porque el gobierno goza del respaldo de una población que lo escogió precisamente por los vicios de sus predecesores, pero empezaron ya los excesos propios de los populismos que en tantos lugares del mundo han terminado en férreas dictaduras.
En nuestro caso se ha borrado del todo el sistema de pesos y contrapesos que es propio de la democracia y a partir de eso puede suceder cualquier cosa, desde una elección viciada hasta una interpretación constitucional que abra el camino a una más formal dictadura. Lo único que no puede ocurrir en esas condiciones es una verdadera elección que ofrezca opciones a la ciudadanía porque el proceso de inscripción se vuelve un proceso de descalificación de quienes puedan ser una amenaza contra el sistema.
El caso es que hoy, como hace casi noventa años, la región está dominada por gobiernos que no califican para ser tomados en cuenta para una Cumbre por la Democracia.
