Los representantes de los trabajadores de Níquel, manifestaron esta mañana frente al Congreso. Foto: La Hora

Representantes de los trabajadores de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico), manifestaron nuevamente esta mañana frente al Congreso de la República, solicitando que se mantenga el Estado de Sitio en El Estor, Izabal y asegurando que quienes manifiestan en contra de la actividad minera son manipulados por las ONG.

Claudia Pérez, señaló que por tercera semana están solicitando ser atendidos por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Energía y Minas, así como el Ministerio de la Defensa, para exponer sus demandas.

“Nosotros estamos aquí para que nos escuchen, para que vean nuestras necesidades, como trabajadores, para que velen por nuestra seguridad y por nuestros derechos. Ya que se ha levantado un grupito disque ancestrales, manejado por las ONG, que solo están llenando sus bolsillos, aprovechándose de la gente”, aseguró.

LAS DEMANDAS DE AUTORIDADES ANCESTRALES

Autoridades ancestrales exigieron al presidente, Alejandro Giammattei, suspender el Estado de Sitio en El Estor, Izabal porque consideran que vulnera los derechos humanos de la población de esa región.

“Nosotros los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizos de Guatemala nos compete actuar frente a la opresión del Estado de Guatemala de forma sistemática y permanente contra nuestros pueblos, como lo ocurrido contra el pueblo Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, que estaba en resistencia pacífica contra la violación de sus derechos al ser excluidos del proceso de la preconsulta, incumpliendo de esta manera la sentencia 697-2019 de la Corte de Constitucionalidad en relación a la Minería Fénix”, señalaron recientemente en un comunicado.

SOBRE EL ESTADO DE SITIO

Argumentando que el Ministerio de Gobernación informó de ataques instigados por “grupos criminales” para desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, el presidente Alejandro Giammattei, en Consejo de Ministros decretó el 24 de octubre Estado de Sitio en El Estor, Izabal, por 30 días, mismo que fue ratificado por el Congreso y entró en vigencia el 25 de octubre.

 

Luego de la entrada en vigencia de la medida gubernamental, distintas organizaciones han manifestado su rechazo a la misma, señalando actos de represión en contra de líderes comunitarios y comunicadores locales. Así como vulneración de los derechos de mujeres y menores de edad.

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