QUITO/AP
Una intensa balacera entre miembros de bandas rivales en una cárcel de Ecuador la madrugada del sábado dejó al menos 68 internos fallecidos y 25 heridos, informaron las autoridades. Es la más reciente masacre que golpea al sistema penitenciario en el país andino.
La Fiscalía General informó en su cuenta de Twitter sobre el nuevo saldo de víctimas y dijo que abrió una investigación por los hechos violentos y asesinatos ocurridos dentro de la Penitenciaría del Litoral, situada en la ciudad costera de Guayaquil.
Los hechos ocurrieron en el mismo centro presidiario donde se han producido antes matanzas entre internos pertenecientes a bandas relacionadas con el narcotráfico local e internacional, según las autoridades. A fines de septiembre un enfrentamiento dejó más de 119 fallecidos en esa prisión, que tiene una población de más de 8.000 reclusos.
Pablo Arosemena, gobernador del Guayas —cuya capital es Guayaquil— señaló a la prensa que grupos de reclusos “estaban tratando de dinamitar (la) pared para ingresar y concretar la masacre. También quemaron colchones y querían ahogarlos en humo… para concretar la masacre en Pabellón 2 (con 700 internos). No había luz… el sistema de iluminación había sido destruido».
“Estamos luchando contra el narcotráfico. Es muy duro», aseguró Arosemena.
En lo que va del año se han registrado más de 324 reclusos fallecidos en enfrentamientos y motines carcelarios en todo el país, según las autoridades.
La comandante de la policía, general Tanya Varela, afirmó que “habíamos divisado con drones que estaban tres pabellones libres y los presos estaban armados y con explosivos” intentando ingresar al pabellón 2 que estaba sin su líder, liberado por la justicia esta semana.
Destacó que pese al riesgo los efectivos policiales ingresaron a las 2:00 de la madrugada para proteger al pabellón atacado y lograr que el resto regresara a sus celdas. «Estos hechos obedecen a una disputa de territorio de bandas delictivas. Esto porque hay pabellones ahora sin cabecillas”, añadió.
De acuerdo a un informe policial al que tuvo acceso The Associated Press, tras la balacera la policía decomisó explosivos, un fusil y dos pistolas en ese recinto carcelario, considerado el más violento del país y situado a 270 kilómetros al suroeste de la capital.
Las autoridades han señalado que los reclusos tienen acceso a armas y munición principalmente a través de los vehículos que ingresan con provisiones y mediante entregas con drones. Esta semana capturaron armas de grueso calibre que estaban a punto de ser filtradas por encima de los muros.
La Penitenciaría del Litoral aloja a 8.359 presos y más del 50% de ellos ya han sido sentenciados. Del total, un 27% de los presos están detenidos por delitos relacionados con drogas, mientras que el resto por delitos que van desde infracciones contra la propiedad, la integridad sexual, inviolabilidad de la vida, hasta asociación ilícita y delincuencia organizada, según datos oficiales.
El sábado por la mañana decenas de familiares desesperados clamaban por información y ayuda de las autoridades en las afueras de la prisión.
“Ya basta, hasta cuándo, que paren esta mortandad, esto no es un camal, esta es una penitenciaría, son seres humanos no son animales… por el amor de Dios que tengan piedad de estos seres humanos”, dijo a la AP Francisca Chancay, de 55 años de edad y quien tiene un hermano al interior de la prisión desde hace ochos meses.
Maritza Vera, de 62 años y con un hijo recluido en ese centro, a punto de las lágrimas preguntó: “¿Qué es lo que espera (el presidente Guillermo) Lasso? ¿Que haya otra mortandad? ¿Que se muera el pueblo entero? Que tenga misericordia ¿dónde están los derechos humanos? Pensamos que esto iba a cambiar, pero está peor».
«Me siento triste y angustiada porque hay demasiada mortandad y él (Lasso) se limpia las manos. Estamos angustiados y desesperados”, agregó la mujer a la AP.
Lasso dijo en su cuenta de Twitter que “el primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos”.
Se refierió a una prohibición de la Corte Constitucional, que hace poco negó la posibilidad de acceso a pesar de que rige un estado de excepción que permitiría actuar a los uniformados. Los militares están en el exterior de la prisión.
En horas de la mañana todavía se escucharon constantes ráfagas de armas y disparos en la cárcel, mientras en redes sociales circulaban macabros vídeos mostrando supuestas víctimas, heridos y cuerpos incinerados en el interior de esa cárcel, en tanto que otros clamaban por la intervención de policía y los militares.
La situación se registra en medio de la vigencia de un estado de excepción a nivel nacional, el cual restringe ciertos derechos y concede autoridad especial a los uniformados.
En el sistema carcelario de Ecuador hay 39.150 detenidos, aunque tiene una capacidad máxima para 30.165, y de ese total, 15.098 personas aún no cuentan con sentencia.
El gobernador Arosemena dijo al respecto a la AP que buscan afrontar el hacinamiento mediante una estrategia que contempla la concesión de indultos, reubicar a presos y trasladar a sus países a los reclusos extranjeros. “Serán más de 1.000 indultados, pero todo esto es parte de un proceso”, agregó.
También señaló que Ecuador ha logrado ayuda internacional para afrontar la crisis carcelaria de países como Colombia, Estados Unidos, Israel y España. “El apoyo será en recursos e incluso logística. Por ejemplo, instalar el escáner de carga en Penitenciaría de Guayaquil, para evitar el ingreso de armas en alimentos cuesta 4 millones de dólares”, refirió. ______ El periodista Allen Panchana contribuyó con este reporte desde Guayaquil.
