El Gobierno de la República de Guatemala no reconoce el proceso electoral que se desarrolló el pasado domingo 7 de noviembre en Nicaragua como legítimo, derivado a que no se desarrolló en democracia, afirmó finalmente este martes el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López.
El proceso electoral del país centroamericano es considerado como ilegitimo “por no haberse realizado respetando las condiciones democráticas básicas”, afirmó el funcionario en una breve declaración difundida en el sitio oficial del gobierno.
López también cuestionó que el proceso electoral “no se realizó bajo observación internacional” y agregó que no se respetaron los derechos políticos básicos que determinan “el derecho de elegir y ser electos” acotó.
La nueva declaración se emitió horas después de que el presidente Alejandro Giammattei se pronunció respecto a la situación política en Nicaragua por medio de su cuenta de Twitter con el siguiente texto: “Como Presidencia Pro Tempore estamos comprometidos con el objetivo de la integración de Centroamérica [Protocolo de Tegucigalpa], que busca constituirla en región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Nicaragua, al no hacerlo así pone en riesgo el proceso de integración” indicó.
En relación a las elecciones en Nicaragua, "No reconocemos el proceso electoral como legítimo", dice el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López.
Vía: Presidencia pic.twitter.com/DYWtFnlnmQ
— Diario La Hora (@lahoragt) November 10, 2021
ORTEGA EN EL PODER
Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia nicaragüense desde 2007, fue reelegido con el 74.99 % de los votos en los comicios generales del domingo pasado, un proceso que se vio marcado por la ausencia de candidatos de la oposición, la mayoría encarcelados, así como en discrepancias sobre la participación.
Ortega se postuló para un quinto mandato presidencial de cinco años y entre cuestionamientos a su legitimidad figura el arresto de siete aspirantes a la Presidencia de la oposición, la eliminación de tres partidos políticos y la detención de periodistas, empresarios, dirigentes sociales y otras figuras de la oposición.
