Claudia Virginia Samayoa
@tucurclaux
“No escribo con el fin de promover privilegios para el gremio al que pertenezco” afirma, con vehemencia, Luis Felipe Valenzuela en su artículo del miércoles. ¿Qué motiva la necesidad de justificar una clara denuncia de la criminalización y persecusión de periodistas y comunicadores? ¿Por qué las personas honestas, demócratas y consecuentes con la verdad y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales necesitan justificar y explicar sus reclamos?
En el siglo XX, la humanidad construyó un importante conglomerado de instrumentos de derecho internacional y humanitario para definir cuáles son los derechos fundamentales y libertades universales que deben respetarse, así como las directrices para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en su respeto y de las sanciones ante su violación. El albor del siglo XXI, lo experimentamos como un momento para dar un salto cualitativo hacia una convivencia más horizontal.
¡Qué equivocadas estábamos! Sabemos que la lucha por los derechos es algo que requiere permanencia, persistencia y profundización; pero no esperábamos encontrarnos en una situación donde el mundo de la post-verdad tergiversa todo y niega la naturaleza misma de los derechos que defendemos, promovemos o protegemos. Ahora resulta que personas con poder son capaces de declarar sin sonrojo que respetan la libertad de expresión, al mismo tiempo que censuran medios, mandan a investigar (y mejor si captura) periodistas y aplauden que le exijan a los reporteros que develen su fuente.
De pronto, el necesario equilibrio entre los derechos y libertades de individuos y colectivos; se convierte en la excusa perfecta para justificar las violaciones de derechos humanos. Así es como vemos que con el subterfugio de respetar el derecho de petición de personas que denuncian sin fundamento a operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos se viola el derecho de defensa y la garantía judicial de las personas que de hecho han garantizado la independencia judicial, el acceso a la información y libertad de expresión y, en general, la defensa de derechos -incluido el de petición de las personas y grupos excluidos.
La utilización del derecho penal para obstruir, detener o quitar legitimidad al trabajo de quienes defienden derechos humanos es una violación de derechos reconocida internacionalmente. Lo que caracteriza esas denuncias espúrias es que las mismas suelen proveer de un grupo de personas que además utilizan diversos medios para difamar y estigmatizar a quien denuncia. Usualmente, los fiscales que conocen la denuncia no la desestiman inmediatamente sino mantienen las denuncias sin fundamento abiertas por largos períodos lo que profundiza el estigma y limita el ejercicio de defender derechos humanos. En algunos casos, las denuncias son llevadas a la persecusión penal ante los tribunales y en la gran mayoría de casos de personas criminalizadas éstas salen libres con decisiones judiciales que llaman la atención de la utilización del sistema para detener la labor de promoción y defensa de derechos de la persona defendida; no sin antes pasar largos períodos en prisión o firmando ante fiscal o juez como parte de sus medidas substitutivas.
Debemos no solo denunciar la criminalización sino tomar una posición clara sobre la defensa de derechos y libertades fundamentales para todos. No puede ser una defensa parcial es para: periodistas, comunicadores, jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y comunidades. ¡Defendamos a quienes criminalizan, como defendemos la vida y la dignidad!
