Por Jorge Santos
Como una especie de espiral o de bucle interminable, la saña, violencia, saqueo, expoliación de recursos naturales, muerte y terror se sacuden fuertemente contra la población que habita El Estor, en particular el pueblo Q´eqchi´. Recientemente el Estado y toda su maquinaria dejó caer todo su peso, para defender a una empresa violadora de los derechos humanos y quien de manera ilegal funciona en dicho municipio. Prácticamente, el gobierno de Alejandro Giammattei y los ministros de Gobernación Gendry Reyes y el de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata, están sirviendo como alfombra y gendarmes de la Empresa minera CGN-Pronico a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordena su suspensión. Sin embargo, esta acción ejemplifica y materializa la acción de este gobierno, conformado en una Empresa Criminal Conjunta.
El concepto de Empresa Criminal Conjunta hace alusión a una doctrina jurídica que se utiliza en los tribunales de crímenes de guerra para permitir el enjuiciamiento de los miembros de un grupo por las acciones del mismo. Esta doctrina considera a cada miembro de un grupo organizado individualmente responsable de los crímenes cometidos por el grupo dentro del plan o propósito común. Esta categoría surge a través de la aplicación de la idea del propósito común y ha sido aplicada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, para enjuiciar a líderes políticos y militares por crímenes de guerra masivos, incluido el genocidio, cometidos durante las guerras yugoslavas de 1991 a 1999.
Prácticamente, este concepto de Estado, al que Alejandro Giammattei está apostando para garantizar así la posibilidad de que inversiones extranjeras privadas, no sólo vengan a saquear nuestros recursos naturales, sino puedan hacerlo violando derechos humanos de la población y cometiendo actos ilegales, como la desobediencia a resoluciones judiciales, contaminar y destruir la naturaleza y corromper funcionarios de los tres poderes del Estado. Pero de la misma manera, que muchos de los responsables que iniciaron el terror de Estado, al servicio de capitales privados, hoy pagan con prisión o prófugos de la justicia, los ahora funcionarios terminarán en prisión o escondiéndose de la justicia, como muchos lo hacen hoy.
Este gobierno criminal, encabezado por Alejandro Giammattei y los funcionarios de la ilegal empresa minera CGN-Pronico, que hoy actúan como una Empresa Criminal Conjunta, deben tener claro que los pueblos continuarán su lucha a favor de defender sus territorios, su agua y su vida y que no descansarán hasta encontrar vida digna y sin lugar a dudas justicia por los atropellos que en su contra se comenten en el presente. Que sepan los serviles gendarmes de capitales nacionales o internacionales, que abusan de su poder, que más tarde que temprano, que las vidas y la libertad de intelectuales, diputados, estudiantes, campesinos e indígenas, que a lo largo de más de 70 años de abuso, serán dignificadas por la justicia que algún día se hará. De ahí la importancia, que ahora o resistimos junto a El Estor o perdemos todos.
