Corea del Norte nunca ha estado más aislada de la comunidad internacional como resultado de sus radicales medidas para prevenir contagios de COVID-19, y la ruptura de los vínculos globales está teniendo «un impacto drástico sobre los derechos humanos de la gente dentro del país», dijo el viernes el investigador independiente de la ONU para la nación asiática.
El argentino Tomás Ojea Quintana dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General y también en una conferencia de prensa previa que los norcoreanos enfrentan escasez de alimentos y el desplome de su sustento, y que los niños y ancianos corren riesgo de morir de hambre. Indicó que también está «realmente preocupado» por el alcance del hambre en los campamentos de prisioneros políticos.
La República Popular Democrática de Corea —el nombre oficial del país— cerró sus fronteras para prevenir ser víctima de la pandemia, la cual según Ojea Quintana tendría un «impacto devastador» sobre el derecho del pueblo a la salud porque la infraestructura de salud norcoreana adolece de falta de inversiones y una escasez extrema de suministros provocada por problemas subyacentes de violaciones a los derechos humanos.
«Las medidas draconianas que ha tomado el gobierno de la RPDC para prevenir el ingreso del COVID-19 presuntamente incluyen una política de balear a los individuos que intenten entrar o salir del país», señaló.
En su informe final a la Asamblea General tras seis años como investigador especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte, Ojea Quintana añadió que «el incremento en las restricciones a la libertad de movimiento y el cierre de fronteras nacionales han asfixiado la actividad mercantil que se ha vuelto esencial para el acceso de la gente a productos básicos, incluyendo alimentos».
Dijo que el líder norcoreano Kim Jong Un ha reconocido la «sombría» situación alimentaria y está invirtiendo en medidas para prevenir una hambruna en el país.
De todas formas, como resultado de los cierres fronterizos, «el trabajo humanitario de Naciones Unidas y de otros actores internacionales para salvar vidas también se ha detenido por completo, sin personal internacional de las Naciones Unidas actualmente en el país» y con la partida continua de diplomáticos, señaló.
«El pueblo de la RPDC no debería tener que elegir entre el miedo al hambre y el miedo al COVID-19», manifestó Ojeda Quintana.
