Guatemala es un país de contrastes. Una de las múltiples facetas de esta realidad es cuando se observan dos situaciones nutricionales extremas. Por un lado, 1 de cada 2 niños padece desnutrición crónica; por el otro, 1 de cada 2 mujeres mayores de 15 años tiene sobrepeso u obesidad.
A partir del reciente informe “Sobrepeso en la niñez, un llamado para la prevención en América Latina”, publicado por UNICEF, se pone en evidencia no solo las desigualdades de salud pública en la región; y en especial en Guatemala.
María Fernanda Kroker-Lobos, MSc, PhD, es investigadora en Nutrición Poblacional del Centro de Investigación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) para la prevención de Enfermedades Crónicas. En la siguiente entrevista, describe el alto riesgo en el estado de nutrición de la población, la importancia de las políticas públicas para impulsar cambios en los patrones alimenticios de niños, jóvenes y adultos y cuál debería ser el rol de la sociedad civil para empujar una legislación que sea de beneficio para la mayoría.
Una de estas es la Iniciativa 5504 ley de promoción de alimentación saludable está estancada en el Congreso desde octubre de 2018. Comenta que, a pesar de la evidencia científica, ha costado impulsarla debido a los conflictos de interés de la industria alimentaria. Aquí parte de la conversación.
LH: Considera el sobrepeso en GT como un problema grave de salud pública, si es así, ¿por qué?
MK: Sí, definitivamente. Consideramos un problema de salud pública cuando la prevalencia nacional es superior al 7%. Ahorita es 5.1% en menores de 5 años, pero es un problema de salud pública cada vez más grave en niños escolares, adolescentes y adultos. Una vez entran a la escuela, se enfrentan con un ambiente promotor de obesidad. Conforme aumenta la edad, vemos un aumento del 1% anual en sobrepeso y obesidad.
Las encuestas de desnutrición indican que está en un rango del 42% a 47%. Cuando vemos el sobrepeso en mujeres mayores de 15 años, y en toda la etapa reproductiva, la última Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSMI, 2015) nos habla hasta del 50%.
De esa cuenta, hay más gente con obesidad adulta, que niños con desnutrición crónica. Si los combinamos, tenemos la tasa de doble carga nutricional más alta de todo el continente americano. No hay otro país con tanta desnutrición y tanto sobrepeso. Tenemos 1 de cada 2 niños con desnutrición crónica (menores de 5 años) y 1 de cada 2 mujeres mayores de 15 años con sobrepeso y obesidad. El problema es igual de grave.
LH: los contrastes de desnutrición y obesidad en Guatemala marcan grandes brechas socioeconómicas: los grupos de ingresos altos tienen más sobrepeso, mayor edad, pero también este fenómeno responde a factores culturales, ¿cuáles considera son los factores más determinantes?
MK: En definitiva, el factor más determinante es el patrón alimentario de la población. En Guatemala, las áreas más pobres y vulnerables este patrón es monótono, basado en una dieta pobre: maíz y frijol que en exceso también lleva sobre peso y obesidad.
Hemos descubierto, no importa si es rural o urbano, que la disponibilidad de alimentos ultra procesados: empacados con alta cantidad de sodio, grasa y azúcar es enorme y la compra de estos alimentos cada vez es mayor. Según la OPS, este tipo de productos ha crecido más del 30% en el país en los últimos 15 años. Hay una alta disponibilidad de comida chatarra.
Otros estudios han definido que vivimos en medio de “pantanos alimenticios”. Es decir, existe una alta disponibilidad de tiendas y alimentos de comida rápida, no saludable. La publicidad es agresiva, los precios más bajos. De manera que cuesta más encontrar comida saludable. Vivimos en un ambiente alimentario obesogénico, el cual interactúa con nuestra cultura, conocimientos y moldea el patrón de la dieta diaria.
LH: ¿Cómo ha sido el rol del Estado en el manejo de la nutrición en la niñez? En ambos extremos y realidades.
MK: Primero, en la desnutrición crónica el rol del Estado ha sido obviamente promover los derechos en seguridad alimentaria. Es un programa institucionalizado, tenemos una comisión, hay un sistema, una secretaría que asigna todos los roles en busca de cumplir este objetivo.
Históricamente el Estado ha tratado de disminuir la prevalencia de desnutrición crónica. ¿Cómo lo está haciendo? es motivo para otra entrevista. Los resultados son escasos, los programas están bien diseñados, pero carecen de una buena implementación. La carga se va al Ministerio de Salud, entonces la entrega de servicios es deficiente, por el sistema de salud es débil. De manera que los programas se caen y cada cuatro años se reinventa la rueda. Son las mismas estrategias, con diferentes nombres. No hay continuidad, ni una política de estado que esté blindada.
En el otro extremo, tenemos sobrepeso y obesidad. Guatemala está catalogada como el país con la doble carga de nutrición más alta del continente. INCAP hizo un monitoreo de las políticas de prevención en este tema, se diseñaron más de 50 indicadores de implementación, en donde salió deficiente en 96% de estos.
No hemos salido de un problema como la desnutrición, y ahora tenemos otro problema, incluso más grave, porque abarca muchas etapas de la vida. El sobrepeso provoca enfermedades crónicas no transmisibles, mortalidad prematura, discapacidad. Por lo tanto, tenemos una población menos productiva, lo que se traduce en una desventaja económica. Hay pérdida de capital humano, en ambos sentidos. Estudios han encontrado cómo las enfermedades crónicas afectan el PIB de un país, por lo que debería de ser un asunto de interés nacional.
LH: Entre las recomendaciones de UNICEF para paliar esta problemática sugiere cambiar la narrativa de un enfoque individual, a un enfoque de sistemas que contemple entornos alimentarios. Por otro lado, abogar para que el sector privado contribuya con la prevención del sobrepeso infantil sin que se presenten conflictos de interés ¿Qué piensa al respecto?
MK: Desde hace una década, los científicos se refieren al enfoque de sistemas puesto que la evidencia es muy clara: el sobrepeso no es una responsabilidad individual, sino que las personas más vulnerables, en pobreza, compran lo que pueden comprar, lo que está disponible y no necesariamente lo que necesitan comer.
Al cambiar este sistema alimentario, tendremos ambientes más saludables y en consecuencia dietas más sanas. Por eso, los expertos piden que las leyes se enfoquen en los ambientes y más aún en los sistemas.
Mientras los científicos en nutrición producimos evidencia, la Industria alimentaria no los acepta e individualiza el sobrepeso y la obesidad. Pero no muestran estudios que lo respalden. Es porque tiene conflictos de interés. Históricamente se han sentado en la mesa donde hay regulaciones.
El problema es que cuando se trata de salud, las leyes deben ser promulgadas por el Estado, completamente libres de conflictos de interés. Ellos no deben ser parte del desarrollo de estas políticas.
LH: La Iniciativa 5504 ley de promoción de alimentación saludable está en el Congreso desde octubre de 2018. ¿Por qué ha costado impulsarla?
MK: Quiero resaltar que esta fue elaborada por una mesa técnica de primer nivel donde participaron organismos internacionales, academia, ministros de salud. Desde que se presentó hubo resistencia por parte de la industria alimentaria. Alegó falta de evidencia, que el costo canasta básica iba a subir, pérdida de empleo. Todo esto sin evidencia científica.
“El etiquetado frontal de advertencia, que se incluye en la iniciativa de ley 5504, se ha implementado en México, Chile y Perú . No ha pasado nada de lo que argumentan, incluso disminuyendo en los productos cantidades de sodio, grasa, azúcar. Al contrario, para evitar sellos es una industria que reformula y elabora mejores productos. Los resultados son positivos.
En Guatemala hay grupos que se oponen, a pesar de que busca el bien común. No han comprendido que tener una población saludable es tener una población más productiva y un país más competitivo.
LH: ¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil para avanzar en esta Iniciativa de ley?
MK: Los países que han logrado dictamen favorable han tenido tres componentes: liderazgo del Ministerio de Salud, apoyo de la academia, y una sociedad civil muy activa para lograr incidencia.
Es muy importante este rol para avanzar. En Guatemala comienza una masa crítica interesada y consciente de la problemática, pero aún falta. La ciudadanía no está tan informada y es importante para lograr cambios.
En cuanto a los avances de la Iniciativa, tiene el dictamen favorable de varias comisiones: desarrollo social, salud, derechos del consumidor, seguridad alimentaria. Hemos visto una buena recepción de la mayoría de los diputados, aunque hablan de enmiendas.
Llevamos 3 años en esto y no ha logrado pasar por 1a lectura. Ha sido lo mismo en países como México, Chile, Perú, no les ha tomado menos de 5 años. Han sido procesos largos, por la oposición férrea de industria alimentaria. El camino no ha sido fácil puesto que la industria alimentaria está en contra de la salud pública.
PERFIL
• Nutricionista con Doctorado en Nutrición Poblacional. Acreedora del Fogarty Global Health Fellowship para conducir investigación post-doctoral, Universidad de Emory, Atlanta.
• Investigadora Científica en el Centro de Investigación para la prevención de Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá en donde dirige diversos estudios sobre salud urbana, ambiente alimentario, políticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Ha asesorado iniciativas nacionales y regionales para la implementación de etiquetado frontal en Centro América.
• Conferencista nacional e internacional y autora de varios artículos científicos en revistas internacionales y capítulos de libro.
• Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, miembro de la Red Latinoamericana de Salud Urbana y la Red de Gobernanza, Ética y Conflictos de Interés en Salud Pública.
