Jonathan Menkos Zeissig
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó recientemente su Plan Estratégico Institucional 2021-2025 en el que se parte de la comprensión sobre los insuficientes niveles de recaudación para el funcionamiento del Estado y las causas directas e indirectas que lo están provocando, entre las que destacan la poca efectividad en la gestión del riesgo, asociada con el incumplimiento voluntario en el pago de impuestos y la evasión de impuestos, en particular, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta; el incumplimiento aduanero observable en niveles significativos de contrabando; y la falta de confianza de los contribuyentes relacionada con la percepción de corrupción y la insatisfacción en la atención del contribuyente.
A partir de este modelo explicativo, la SAT propone intervenciones clave y estratégicas, que dentro del marco de la ley y de sus fronteras institucionales, se pueden implementar para cumplir su misión: propiciar el crecimiento sostenido de la recaudación. Este año, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que los ingresos tributarios equivaldrán al 10.9% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio de recaudación de América Latina (22.9%), por ejemplo, y lo que mantendrá a Guatemala entre los diez países que menos impuestos recaudan en el mundo.
Por otro lado, estudios internacionales realizados con el propósito de determinar la capacidad de recaudación real de los países del mundo, entre los que destaca el trabajo de Pessino y Fenochietto (2010) –Determining countries tax effort, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales de España–, se concluye que Guatemala tiene una capacidad tributaria de entre el 27.6 y el 29.9% del PIB, es decir, tres veces mayor de lo que actualmente recauda, lo que permite evidenciar el enorme margen de mejora que tiene la administración tributaria guatemalteca.
En la planificación estratégica de la SAT se establecen seis objetivos estratégicos, entre ellos, el facilitar a los contribuyentes el cumplimiento y el pago de sus obligaciones aduaneras y tributarias; el propiciar una fiscalización asertiva que incremente la percepción de riesgo, el cobro efectivo y la reducción del incumplimiento tributario; hacer más eficiente el cobro administrativo y judicial; modernizar de manera integral el servicio y de comercio exterior y, finalmente, fortalecer las capacidades de gestión y transparencia institucional.
Especial atención se debe tomar a la reestructuración de la Intendencia de Fiscalización que está cambiando hacia la fiscalización por sectores económicos, tomando en cuenta que cada sector tiene estructuras de costos, distribución y comercio muy diferentes. Asimismo, se está utilizando el índice de Presión Tributaria, que permite saber si una empresa, dentro de un sector económico puntual, se está comportando diferente a lo que hace su sector; y el cruce de información aunado a la especialización de auditores en sectores económicos específicos. Una buena fiscalización permitirá luchar de manera exitosa contra los delitos tributarios en particular del IVA y del ISR de empresa y contra el contrabando que reducen significativamente la recaudación actual.
Este esfuerzo de la SAT por tener un horizonte institucional de mediano plazo es valioso, porque permite ayudar a la sociedad a reconocer el sentido de proceso que debe tener la administración tributaria, así como las múltiples tareas que se deben poner en marcha para lograr que los impuestos que deben pagar y pagan los contribuyentes efectivamente lleguen a las arcas del Estado.
Si Guatemala quiere acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2030, debe llegar a recaudar por lo menos el 21.0% del PIB en ese año. Es urgente comenzar a mejorar los ingresos tributarios hoy, al tiempo en que se cierran los caminos a la corrupción y el despilfarro.
