Este día el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) compartió parte de los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018. Estos resultados reflejan que Guatemala no ha obtenido mayor avance en cuando a gobernabilidad democrática, lucha anticorrupción y justicia.
El compromiso de la Cumbre de las Américas (2018) busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas y se analizó el desarrollo de 19 países en la región en cumplimiento de los puntos acortados para combatir la corrupción.
Entre las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) están: Acción Ciudadana, Capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, CONGCOOP, Punto Focal de FCA, Icefi, Alas de mariposa, Asociación LAMDA, Instituto DEMOS y REDNACTP.
En este contexto, el observatorio presentó los resultados en seguimiento del compromiso internacional. La medición de cada país en el convenio se divide en cinco categorías evaluadas sobre tres puntos cada una. Estos rubros, relacionados con la democracia, justicia y garantía de transparencia obtuvieron resultados por debajo del 50% de la calificación neta.
GUATEMALA SIN AVANCES EN LA DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA
El informe de resultados del Compromiso de Lima indica que Guatemala no ha tenido avances significativos para fortalecer la gobernabilidad democrática del país; por el contrario, la falta de independencia judicial, el cierre de espacios para las organizaciones civiles, las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la inexistencia de políticas anticorrupción, son las razones detrás del bajo puntaje del país en esta categoría (0.63/3).
Otro rubro en el cual Guatemala obtuvo una calificación baja fue el de la garantía de transparencia, acceso a la información y protección al denunciante. Según el informe, Guatemala se caracteriza como una nación con tendencia a la opacidad, poco respeto a la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), la criminalización a grupos ciudadanos que realizan auditoría social y el ataque sistemático a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH)
Como resultado del panorama descrito, Guatemala obtuvo una calificación de 0.42 sobre 3 puntos, evidenciando un retroceso en la transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad.
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8 días duró la capacidad para vacunar a menores ?? [https://t.co/wxnZepE8FV] pic.twitter.com/7oQuxBHk2S— Diario La Hora (@lahoragt) October 19, 2021
CONTROL AL FINANCIAMIENTO POLÍTICO DEBE MEJORAR
En cuanto al control del financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales, se obtuvo una puntuación de 0.94 sobre 3. Aunque se valoran algunas reformas en materia de control al financiamiento de campañas políticas, el informe detalla que su implementación ha sido parcial y no ha mostrado mayor cambio para frenar el ocultamiento del financiamiento ilícito o irregular.
“La debilidad del órgano electoral en términos de independencia e incluso retrocesos en la implementación de controles y regulaciones, siguen siendo tareas pendientes por superar”, aportó el observatorio.
CORRUPCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS PERSISTE
El cuarto rubro tomado en cuenta fue el de la prevención de la corrupción en obras públicas, compras y contrataciones del Estado. En este ámbito se obtuvo una calificación de 1 sobre 3 puntos.
Esta calificación se debe a que el sistema electrónico de compras y contrataciones (Guatecompras) continúa siendo una vitrina que ofrece información relevante en cuanto a las adquisiciones del Estado, sin llegar al objetivo de convertirse en una plataforma transaccional.
Además, se destaca que “prácticamente son inexistentes las cláusulas anticorrupción en las contrataciones del Estado, considerando que la obra pública constituye una de las áreas más afectadas por el fenómeno de la corrupción”.
COOPERACIÓN JURÍDICA PRESENTÓ AVANCES
Esta última categoría fue la que obtuvo el mejor desempeño con 1.4 sobre 3. En el apartado de cooperación jurídica se contempla el combate al cohecho, al soborno internacional, crimen organizado y el lavado de dinero y activos.
Los esfuerzos investigativos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) dirigida en su momento por Juan Francisco Sandoval, permitieron investigar y juzgar casos de corrupción transnacional y, además, propiciar el embargo preventivo y la extinción de dominio de bienes obtenidos producto de la corrupción, destacó el informe.
Pese a lo anterior, se enfatizó que, colateralmente, la destitución del fiscal impactará negativamente en el avance del mandato, dejando en entredicho el compromiso del Estado de combatir frontalmente la corrupción en Guatemala.
SUGIEREN PUNTOS PARA GARANTIZAR LA JUSTICIA
Además de los resultados brindados, se detallaron algunos puntos para mejorar la democracia y la lucha contra la corrupción en el país, entre los principales:
– Garantizar la autonomía e independencia judicial y fiscal
– Garantizar la participación de pueblos indígenas, mujeres y grupos vulnerables con criterios de equidad e igualdad de género, etnia y participación en la construcción de políticas anticorrupción.
– Garantizar el acceso a la información pública y la auditoría social para que esta no sea criminalizada como ha venido sucediendo.
– Garantizar la independencia política y financiera de la Institución del PDH.
– Fortalecer las medidas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas de organizaciones y partidos políticos.
– Fortalecer el sistema de Guatecompras.
– Garantizar la independencia fiscal y el seguimiento de las investigaciones a cargo de la FECI y los procedimientos de cooperación internacional y extinción de dominio.
