Walter Juárez Estrada.
La Corte de Constitucionalidad es un Tribunal de jurisdicción permanente de carácter privativo que limita sus conocimientos a asuntos de carácter constitucional, y que requieran la defensa del mismo; siendo un tribunal colegiado con independencia de los organismos del Estado, el cual ejerce funciones específicas de conformidad a la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Sin embargo, es preocupante que la octava Magistratura, con las últimas resoluciones que ha proferido, ha violentado la misma Constitución, plegándose a grupos de interés políticos como económicos, dejando como evidencia con sus actuaciones, las que desvaloriza lo que dice la máxima ley de la República. Sin olvidar que la actual Corte Constitucional, fue elegida en un proceso viciado y seriamente cuestionado, al designarse a togados con vínculos políticos, desoyéndose el clamor popular que clama por los actos de los juzgadores, se encuadren en lo que dice la ley.
El máximo Tribunal Constitucional, revocó el amparo en favor de la juez Erika Lorena Aifán Dávila, con valiente e inclaudicable carrera judicial de varios años. Al resolver parcialmente dicho ente, un juez pesquisidor deberá determinar si hay o no lugar a formación de causa contra la titular del Jugado “D” de mayor Impacto, por lo que es recomendable que el juez lo desestime por ser espurio, en razón que la profesional con 27 años de carrera judicial, ha denunciado que en su contra hay una cadena de desprestigio al actuar con apego a derecho en los procesos incoados contra políticos y jueces señalados por el exfiscal de la -FECI- Juan Francisco Sandoval Alfaro, de integrar las comisiones Paralelas 2020, para designar magistrados para las Cortes.
El actuar de Aifán ha sido reconocido a tanto a nivel nacional como internacional; y que como resultado de presiones externase internas al cargo que desempeña, la togada ha promovido demandas contra el Estado de Guatemala y garantías precautorias a su favor, al considerar que es víctima de hostigamiento por su trabajo como Juez titular de un juzgado de mayor riego, tan es así que medios internacionales, y redes sociales en Tweeter y Facebook, activistas de DDHH y personajes de la política internacional le dan su apoyo en la forma que últimamente se ha actuado en contra de la referida Juez.
Los magistrados del alto Tribunal Constitucional dictaron resolución en contra de dicha juez, como represalia de denunciar ella es objeto de constantes ataques e incluso de amenazas y de seguimiento por grupos anónimos.
Aifán, no es un funcionario del Organismo judicial improvisada, en los años dentro del Organismo Judicial, es una de las mejores cartas de presentación, por lo que sería un crimen contra la justicia, que se declare que ha lugar a formación de causa en su contra, porque se reitera las condiciones no están dadas y el juez que tendrá esa responsabilidad debe recomendar que no ha lugar a formación de causa contra dicha jueza, que tiene el respaldo del pueblo por su valentía, idoneidad y honradez, porque ha actuado con arreglo a derecho, la sana crítica y la libre convicción, pese a amenazas, coacciones que ha sido víctima, en los procesos que sustancia. A nadie debe extrañar el actuar de la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad, la cual va quedar marcada en la historia como una de las más cuestionadas de la era democrática reciente.
La Cortes Suprema de Justicia declaró el procedente por espurio el antejuicio promovido por el ex juez Mynor Moto Morataya contra Aifán que libró orden de captura en su contra que está vigente por los procesos de libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020.
