Los obispos de El Salvador criticaron este domingo las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la reelección presidencial y la inminente aprobación de reformas a la Constitución.
«Estas acciones solo pueden tener validez si se dan apegadas al derecho constitucional del país porque el fin no justifica los medios», dicen los obispos en un comunicado de prensa divulgado por el arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas.
Los obispos, aunque consideran que es importante la depuración del sistema judicial, afirman: «nos parece que, cambiar un sistema injusto por medio de acciones arbitrarias y anticonstitucionales no abona a la transformación de la nación».
«Al contario, solo daría paso a un nuevo andamiaje, a un nuevo status quo fundamentado en acciones contrarias al derecho y la justicia, cuyos frutos en consecuencia no serían en beneficio para nuestro amado país», agregan los obispos.
El 31 de agosto, la Asamblea aprobó reformas la ley ya mencionada y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con el fin de ampliar las facultades para cesar a jueces y fiscales o trasladarlos de jurisdicción.
Según las reformas, los magistrados y jueces pueden ser cesados al cumplir los 60 años. La norma no aplica a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero agrega que el magistrado o juez que ha cesado en sus funciones quedará en régimen de disponibilidad, si así lo consintiere expresamente, pudiendo a la Corte Suprema determinar la posibilidad de seguir ejerciendo en determinada sede judicial en caso de necesidad.
Con respecto a las reformas constitucionales que estudia un grupo de juristas los obispos expresaron temor por la posibilidad de un retroceso en cuanto a la defensa de la vida humana.
Sostienen que no se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto o que con el término «muerte digna» legalice la eutanasia.
«Nunca será legal el asesinato», indicaron.
Los obispos también se expresaron preocupados porque muchos salvadoreños desconocen del bitcoin y pidieron a la Asamblea Legislativa reformar la ley en el sentido que no sea obligatorio el uso de dicha monera.
A partir del 7 de septiembre el bitcoin -creado originalmente para ser una divisa fuera del control de los gobiernos- podrá ser utilizada en el país en cualquier transacción y los negocios deberán aceptar pagos en esa moneda digital, salvo los que carezcan de la tecnología para hacerlo.
