Factor Méndez Doninelli
En solidaridad con la niñez, adolescencia y juventud de Guatemala, un país centroamericano donde las políticas públicas a favor de estos sectores son letra muerta, donde el Estado, el Gobierno y sus autoridades han abandonado sus obligaciones y olvidado el cumplimiento del deber constitucional establecido en el artículo 2º que dice: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”
Quizá referirse a este tema puede parecer superficial, inútil o repetido, pero lo cierto es que en Guatemala se trata de una realidad visible, resultado de una de las muchas violencias estructurales e históricas que desde hace más de cinco siglos azotan a sectores sociales vulnerables, en este caso a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuya condición de vulnerabilidad se ha complicado aún más con la expansión de la pandemia de covid19.
Por ahora, el Estado guatemalteco está cooptado y administrado por redes criminales y corruptas, siervos de las élites oligarcas depredadoras que promueven impunidad, debilitan el Estado de Derecho y manipulan la administración de justicia en beneficio de intereses personales, de grupos corporativos y de capitales nacionales y transnacionales, por esas circunstancias perdura un modelo neoliberal que discrimina, excluye y desprotege a la niñez y juventud a quienes en su gran mayoría les niega el acceso al desarrollo, a la educación, a la salud, a la alimentación sana y en el caso de los jóvenes, les impide también las oportunidades de un empleo digno y salarios justos, todas estas condiciones adversas toleradas, causadas o admitidas por y desde el Estado y sus autoridades, vulnera elementales derechos humanos de este sector mayoritario de la población.
Acompáñeme a revisar algunos indicadores en materia de salud, resultados inmediatos y concretos de la desatención, indiferencia, desinterés e incumplimiento de los deberes constitucionales del Estado en cuanto a garantizar la realización del bien común y el desarrollo integral de las personas.
Con relación a la niñez es útil volver a repetir que, en Guatemala uno de cada dos niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica, esto quiere decir que el cincuenta por ciento de la población infantil de todo el país en el rango de edad mencionado, soporta este padecimiento que resulta de la creciente pobreza y en consecuencia los menores tienen escasa e inadecuada alimentación. Esta endemia es más notoria y frecuente en las áreas rurales y comunidades indígenas, por eso entre los países de América Latina, Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición crónica infantil. Esta realidad actual preocupa e indigna porque se origina por los actos de corrupción e impunidad que prevalecen en el país. En esas condiciones, la semana anterior el Gobierno de Giammattei ordenó transferir a otro ministerio 83.000.000 millones de quetzales del presupuesto asignado a combatir la desnutrición infantil. Eso demuestra que la niñez desnutrida no es prioridad.
Y qué decir de la vacunación para jóvenes. Guatemala es el último lugar en América Latina y el Caribe en relación a la inmunización de su población, apenas el cuatro por ciento ha sido vacunado y aún no llega el turno para los jóvenes adolescentes menores de 18 años, tampoco para niñas y niños, quienes sorteando todo tipo de riesgos deben esperar el momento en que se haga valer su derecho a ser protegidos.
