Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Luis Fernández Molina

1. PASO POR SAN LUCAS. En anteriores columnas comentaba sobre un diseño que, el entonces alcalde Yenner Plaza, me había mostrado. Era un paso anexo que empezaba desde la curva previa a la primera entrada del pueblo; un trazo paralelo a la carretera por más de 500 metros que no tenía mucha congruencia. Tal era el proyecto que iban a desarrollar (de hecho empezaron los trabajos) pero, con buen criterio y muy válidas razones dejaron sin efecto. Qué bueno. Es momento de ingeniar una nueva solución dentro de un estrecho margen de posibilidades. En todo caso será menester expropiar algunos terrenos pues no hay cabida dentro de las áreas de uso público. No soy especialista en estas ramas de ingeniería pero creo que debería pensarse en un paso elevado de uno a dos kilómetros, que empezara en la curva donde (a la par de los bomberos), hasta poco antes del Trébol del desvío a La Antigua. Algo así como hicieron en el camino a Cancún en muchas poblaciones que ahora se “evitan” pasando por alto. En todo caso sería oportuno que compartieran dichos diseños. Sobra decir lo importante que es, para todos, ese paso por San Lucas.

2. DESPIDOS EN PUESTOS PÚBLICOS. ¿Hasta cuándo van a entender los funcionarios que administran temporalmente una cosa que es ajena? Los cargos no les pertenecen y por eso no pueden hacer “lo que les de la gana”. No. El problema es que no tenemos cultura de exigir responsabilidades. Ya vendrá. Por su parte a nivel de empleos, los cargos públicos son eso cargos “públicos” y por lo tanto pertenecen a todos los guatemaltecos; pueden optar a ellos cualquier guatemalteco que reúna las condiciones de idoneidad, capacidad y honestidad; quedan inscritos como 0-11, fijos o “en planilla”. Cuando se accede a ellos “por oposición” (que son la gran mayoría), el trabajador adquiere un “derecho” a esa plaza, es suya y solo se le puede quitar cuando no cumpla con sus funciones, esto es, cuando cometa una falta laboral PERO después de un proceso en el que se pruebe dicha falta (principio básico de inocencia). Es claro que la primera fase de ese proceso es correr audiencia al trabajador en cuestión (principio básico de defensa). Existen otros puestos de libre remoción y nombramiento, de confianza, claro está pero son casos muy de excepción. Los nuevos ministros y directores que llegan con mareos fantasiosos se creen dueños de la institución y despiden a trasmoche pero los despedidos presentan demanda laboral, las que ganan en su totalidad y se ordena la reinstalación y el pago de los salarios desde que los cesaron de sus puestos (aunque no se hayan presentado a laborar, obviamente). Son millones los que derrocha el Estado en estos pagos. Increíble. Si respaldamos “la institucionalidad” debemos exigir a los ministros y directores que respeten, precisamente, esa institucionalidad en todos sus aspectos.

3. DEPORTES. Creo que como nación debemos reevaluar nuestras prioridades. Más allá de la alimentación, salud y educación debemos canalizar los pocos fondos que disponemos para fines más efectivos. Son muchos los gastos por viajes y de representación. ¿Para qué? Mientras tanto los niños y adolescentes sin contar con un lugar adecuado para practicar sus deportes favoritos. Que sea el fut o cualquier otro. Es evidente que debemos formar una nueva generación de jóvenes deportistas para aspirar al medallero olímpico.

4. COLEGIO DE ABOGADOS. ¿Cuándo el Colegio va a levantar la voz para respaldar a los agremiados? Es increíble que cada nuevo director o registrador imponga “su criterio” que es contrario al del anterior director y encima sin fundamento legal.

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