Marco Trejo
Con todo este embrollo que se ha creado en la última semana con la destitución del jefe de Fiscalía en Contra de la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el único gran perdedor es el Estado de Derecho, que pierde credibilidad institucional en una de las entidades importantes que garantiza un sistema democrático sólido. Más bien cómo se desarrolla la situación, más parece como que le hubiera dado coronavirus.
El Ministerio Público (MP), como ente encargado de la investigación criminal, tiene una reputación muy golpeada y los guatemaltecos han empezado a manifestar falta de credibilidad en el trabajo que realizan sus funcionarios, situación que también se ha producido en el extranjero, incluso el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha paralizado “temporalmente” la ayuda económica que aportaba al ente investigador.
El MP ha recibido apoyo técnico y financiero para fortalecer las diferentes fiscalías que funcionan en el país, en lo referente a equipo táctico, tecnológico, electrónico y mobiliario, así como capacitación en metodologías de investigación y una asignación de fondos económicos de valiosa cuantía, que ha mejorado la operatividad de la entidad, lo cual se ha perdido en un abrir y cerrar de ojos por las decisiones emprendidas por la cabeza del ente estatal.
La jefa del Ministerio Público ha sido muy mal vista en los últimos días y ha sido calificada de ser complaciente con la corrupción, por lo que ahora le tocará demostrar que los motivos que tuvo para la destitución de Sandoval, eran valederos y que su gestión al frente del MP va encaminada a lo que ha promulgado: una justicia pronta y cumplida. Ahora el MP tiene que demostrar que Carla Isidra Valenzuela Elías, quien sustituye al fiscal destituido, no es todo lo que se dice y se menciona de ella, lo cual lo vemos cuesta arriba por el trabajo realizado hasta la semana pasada por Juan Francisco Sandoval.
Tanto los guatemaltecos como la comunidad internacional se han empezado a manifestar y coinciden al indicar que se ven muchas acciones que tienden a debilitar la independencia judicial y por ende el Estado de Derecho en nuestra incipiente democracia. No podemos permitir que se pierda la credibilidad en la administración de justicia, lo cual podría degenerar en manifestaciones masivas que busquen, la salida de las cabezas institucionales, tal como sucedió en el 2015.
La nación necesita una administración de justicia robusta, que una esfuerzos en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente contra los grupos de corruptos que se han enraizado en los diferentes organismos del Estado y que se han aprovechado de los impuestos del pueblo, para convertirse en los nuevos ricos de este país, quitándole la oportunidad de desarrollo y bienestar a millones de personas que no tienen una oportunidad de vida para salir adelante junto a sus familias.
Se ha mencionado que la fiscal “a puro tubo”, como se dice corrientemente, ha puesto fiscales alfiles en puestos clave, en casos que tienen que ver con investigaciones contra funcionarios y personajes que tienen señalamientos de corrupción de esta administración y especialmente en la de Jimmy Morales. Aunque Consuelo Porras ha negado todo lo que se le indilga, no ha tenido la contundencia que necesita para demostrar lo contrario y tiene más sombras que luces.
Ahora veremos, en casos emblemáticos, que tiene a su cargo la FECI qué va a pasar con ellos, se habla de investigaciones avanzadas donde han surgido nombres de altos funcionarios y exfuncionarios que tienen serios señalamientos de corrupción y que los fiscales no están comprometidos para erradicar la impunidad que se vive en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos del país.
Al fin y al cabo tenemos una nación que no es atractiva para la inversión económica, porque no existen garantías de que convivimos en un Estado de Derecho y por eso los capitales extranjeros y nacionales se han ido a radicar a los demás países de la región centroamericana, que si tienen una mejor imagen, tal es el caso de nuestro país vecino, y que su gobierno ha dado muestras de querer hacer un mejor trabajo en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
