Contra la propaganda divisionista que se sembró en el país como estrategia para terminar con la lucha contra la corrupción, hoy la realidad está demostrando la existencia de dos bandos bien definidos. Los que están por la corrupción y la impunidad constituyen una formidable fuerza que se nutre de enormes recursos y de las ventajas que ofrece un sistema colapsado, mientras que en el otro lado están los que entienden que el país no va a ningún lado si sigue en la actual dirección y pretenden que cese la cooptación del Estado para dar paso a un verdadero estado de derecho. No es disputa de izquierdas o derechas, sino simple y sencillamente un enfrentamiento entre pícaros y decentes, que los primeros llevaron a la confrontación ideológica sabiendo que ese tema siempre ha polarizado a nuestra sociedad.
Los acontecimientos al final de la semana vinieron a plantear la realidad tal cual es y por más que ahora quieran etiquetar a Juan Francisco Sandoval como izquierdista que pretendía cooptar al Ministerio Público, la opinión pública sabe perfectamente cuál fue su rol como Fiscal de la FECI, función que le ganó la enemistad de todos los actores del Pacto que pedían desde hace mucho tiempo su cabeza.
Y precisamente porque en el ejercicio de su cargo tuvo conocimiento de al menos tres casos en los que aparecía el círculo más íntimo del Presidente fue que se ordenó su fulminante despido que violenta las normas internas del Ministerio Público. No se podía permitir que avanzara más en las investigaciones que finalmente terminarían destapando el altísimo nivel de la corrupción en el país y para eso está la Fiscal General, nombrada única y exclusivamente por su compromiso para revertir el papel que había jugado el MP desde 2015, cuando se destaparon los casos de corrupción que implicaron al Presidente y la Vicepresidenta.
La “institucionalidad” de la corrupción arropa a Porras mientras el gran poder detrás de todo esto permanece en silencio. En tanto, la sociedad, por sus diversas organizaciones, expresa su repudio a la destitución porque entiende que es la sepultura definitiva a cualquier esfuerzo por desnudar la realidad de nuestro país en materia de corrupción e impunidad, creándose un nuevo escenario.
Por de pronto la Fiscal emprende una ofensiva publicitaria y diplomática para manejar la crisis, recurriendo a los medios propiedad de gente que había sido señalada por la FECI y a países “amigos”, mientras la presión internacional se hace sentir y el tiempo dirá si eso, junto a la reacción ciudadana, con los pueblos originarios sobre todo, tiene consecuencias.
