Sergio Penagos
Si ser un dictador quiere decir gobernar por decreto, entonces podría usar ese argumento para acusar al Papa de ser un dictador, porque él gobierna por decreto.
Fidel Castro
Gobernar por decreto es una herramienta utilizada para eludir al Parlamento cuando se carece de mayoría. Sin embargo, Guatemala tiene una extraña relación con esta forma de gobernar porque, el César de opereta que ocupa la presidencia tiene comprada a la mayoría parlamentaria, por ello es absurdo imponer un estado de prevención en todo el país en respuesta a las protestas de la ciudadanía, que exige su renuncia por el mal manejo de la pandemia, la falta de vacunación y la corrupción. Es evidente que el objetivo del Presidente es la restricción de las libertades de reunión y circulación con la excusa del control de la pandemia. Ante esta ridícula pretensión, los expertos consultados consideran que sería más adecuado reforzar las medidas sanitarias para detener la expansión del Covid.
En los gobiernos sin mayorías legislativas los presidentes se ven obligados a adoptar las medidas necesarias para empujar su agenda de gobierno o, en el peor de los casos, emplear sus poderes constitucionales para intervenir en el proceso legislativo mediante el veto, el decreto o la compra de diputados. En Guatemala los presidentes electos no propician un buen funcionamiento institucional; por eso en el contexto de la actual emergencia, el presidente no tiene el menor escrúpulo en incurrir en todo tipo de transgresiones constitucionales y legales. Cualquier habitante medianamente instruido sabe que un sistema republicano se caracteriza por la existencia de diferentes órganos de gobierno, a cada uno de los cuales, la Constitución Política ha asignado una serie de atribuciones específicas. Asimismo cada órgano tiene a su alcance un instrumento que utiliza, precisamente, para ejercer sus funciones: el Congreso utiliza «leyes», los jueces «sentencias» y el presidente de la República los «decretos».
Se critica a los presidentes que emiten muchos decretos argumentándose que no está bien gobernar de ese modo. Es aquí cuando resulta necesario poner en claro que existen diversas clases de decretos: los denominados «reglamentarios», que el Presidente utiliza para elaborar reglamentos a las leyes para ponerlas en ejecución, los «decretos autónomos» se utilizan para ejercer el resto de las potestades que tiene constitucionalmente asignadas; y luego están los «de necesidad y urgencia» para atender situaciones especiales. Los decretos «delegados», son los que el Presidente usa para ejercer atribuciones del Congreso de la República. Estos son problemáticos, precisamente porque el Presidente los dicta para ejercer facultades que la Constitución le ha conferido al Congreso. Dicho de otra manera, cuando el Presidente dicta un “decreto de necesidad y urgencia», está atribuyéndose el derecho de actuar como el Congreso y sin que éste lo haya autorizado previamente. A su vez, el Congreso puede emitir un decreto de delegación para transferir una o varias de sus atribuciones al presidente, como ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, cuando la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el decreto de una Ley Habilitante que otorgaba al presidente Hugo Chávez poderes especiales para legislar por decreto durante un año. Afortunadamente el Pacto de Corruptos no ha llegado a ese extremo, porque conoce la minusvalía mental de su presidente.
Cuando existen estados de emergencia gobernar por decreto es común. Pero, este tipo de gobierno es susceptible de responder a los caprichos y la estulticia de la persona en el poder, como ocurre en esta oportunidad, en la que se busca acallar las voces de protesta de la ciudadanía. Numerosos grupos de ciudadanos han protestado en la plaza de la constitución, exigiendo la renuncia de Giammattei y rechazando la corrupción. A ello ha respondido “Mi denuncia es contra esa gente que están promoviendo el virus y que se alborote más, que es lo que ellos quieren y lo están promoviendo a través de una serie de manifestaciones ilegales” (sic), dijo Giammattei a reporteros locales en el norteño departamento de El Petén. Luego emitió un decreto absurdo y ridículo.
Un tonto en el poder es malo.
Un tonto con poder es criminal.
