Samuel Flores
Con 2 millones 900 mil guatemaltecos desnutridos, equivalente al 16% de la población, y 12.1 millones de personas que afrontan problemas para conseguir alimentos, Guatemala está cada vez más lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, -ODS-. 2016-2030.
Recientemente, Guatemala presentó ante la Organización de Naciones Unidas las acciones realizadas como parte del proceso de implementación de los ODS de la agenda 2030. Cabe destacar que en esa revisión voluntaria 2021, fueron excluidos representantes de organizaciones indígenas y campesinas.
En ese contexto, la Coordinación de ONG y Cooperativas, -CONGCOOP-, elaboró el Informe Social sobre los –ODS- 2021. Revela que el Estado de Guatemala no ha realizado esfuerzos de gestión gubernamental para superar la grave situación de la pobreza en todas sus formas, combate al hambre, inseguridad alimentaria, y la promoción de la agricultura sostenible.
A partir de los ODS, se identifica un mínimo esfuerzo para garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad, así como alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. El gobierno de Alejandro Giammattei reconoce la problemática de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años; la respuesta del gobernante ha sido implantar programas clientelares, vinculados a intereses político electorales. No afronta problemas de fondo. Los programas gubernamentales en el campo están dedicados a la transferencia limitada de insumos y “capacitación” a campesinos. Hay ausencia de crédito campesino, infraestructura productiva, mercado y acceso a tierra.
Las brechas de desigualdad se amplían en los sectores populares, campesinos e indígenas en donde la pobreza alcanza el 70%; el creciente flujo migratorio ocasionado por la escasez de empleo y oportunidades en el área rural; una baja carga tributaria, una democracia al borde del colapso, mínima gobernabilidad producto de la pobreza, exclusión; la impunidad generada por una ausencia de justicia, revelan que Guatemala está cada vez más lejos de cumplir las 50 metas estratégicas planteadas para el 2023.
En el 2021, estamos en un estado de crisis a todos los niveles: político, económico –hablando de economía popular, social y cultural-. Guatemala es un país encaminado peligrosamente a ser una sociedad “gobernada” por estallidos sociales, esto ante el avance de la corrupción, impunidad y crimen organizado. Un Estado debilitado y capturado, por élites de poder lícitas e ilícitas.
El tercer informe voluntario del Gobierno, presentó avances en términos de arreglos institucionales, matrices y datos. Cero incrementos presupuestarios hacia el desarrollo. Cero éxitos en ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible. Ninguna modificación al modelo de crecimiento económico: extractivismo agrícola. Eje central generador de concentración y exclusión. Mientras eso no cambie y el Estado implante y gestione un sistema de gobierno democrático, anti patriarcal, probo y equitativo, administrado por políticos capaces y honestos, el país continuará marchando a la deriva, con graves y lacerantes indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión.
