Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

El país es una nave a la deriva que se hunde en un mar de incapacidad, soberbia y corrupción, generando un amotinamiento creciente de la tripulación, mientras el inepto capitán, en vez de rectificar el rumbo, se le ocurre que hay que reprimir a los amotinados, sin entender que sin ellos el barco no navega.

Uso el anterior símil para explicar cómo, por increíble que parezca, al doctor Giammattei se le ocurren medidas represivas, como un Estado de Prevención, para enfrentar el descontento ciudadano que ha generado la crisis sanitaria y la corrupción galopante en todo el aparato estatal. Es decir, quiere apagar el fuego echándole leña.

Anoche, en Consejo de Ministros, Giammattei tuvo que doblar las manos y aceptó que al decretar el Estado de Prevención no se prohibieran las protestas y manifestaciones, por la airada respuesta ciudadana que generó sus desatinadas declaraciones al responsabilizar a unas 150 gentes que están “promoviendo que el virus se alborote más a través de una serie de manifestaciones ilegales”. Pero no propuso como enfrentar la tercera ola de contagios, la falta de vacunas y el colapso hospitalario.

El Estado de Prevención establece una serie de condicionantes para las protestas ciudadanas, amenazando con disolverlas por la fuerza si se incumplen, incluyendo el no mantener la distancia de metro y medio. Es decir, usarán las medidas sanitarias para reprimir a la población cuando lo consideren conveniente.

Lo más grave es que, además de amenazar con reprimir y establecer limitaciones en horarios, consumo de alcohol, y normar la circulación, nada dice de cómo resolverán el colapso hospitalario, el contagio creciente y la falta de vacunas. Sigue el desgobierno.

Habrá que estar muy vigilantes para denunciar y frenar la corrupción en las compras gubernamentales sin licitación, que el Estado de Prevención permite.

En ese contexto de incompetencia y latrocinio, a los miles de fallecidos que pudieron evitarse si hubiera vacunas, suficiente personal y hospitales, se suman millares de muertos por desnutrición y hambre. En el mundo, cada minuto mueren 11 personas por hambre, superando las 7 defunciones por minuto que provoca el Covid-19, según el recién publicado estudio de Oxfam  “El virus del hambre se multiplica”.

En el corredor Seco Centroamericano, informa el estudio, casi 8 millones de personas están en circunstancias de inseguridad alimentaria aguda. De acuerdo con el informe, desde 2018 se ha incrementado la cantidad de personas en situación inseguridad alimentaria, enfatizando que cerca de 1.7 millones enfrentan niveles de hambre críticos.

Oxfam da cuenta que en la región se agravó esta situación debido a la temporada de huracanes en el Atlántico, “alcanzando un nivel sin precedentes” en 2020, reportando treinta temporales, entre los cuales destacan los huracanes Eta e Iota, los cuales destrozaron cosechas y asolaron más de 200 mil hectáreas de cultivos de alimentos básicos y comerciales en los cuatro países que asola el Corredor Seco Centroamericano.

Según el consolidado de incidentes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en Guatemala 2.4 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos reportados a finales de 2020, cuyas ingentes necesidades aún no han sido resueltas.

Para colmo, se estima que la recesión económica provocada por la pandemia implicó la pérdida de 8.3 millones de empleos en Centroamérica, hasta 2020.

La plaga de la desigualdad no es privativa de Guatemala, pues Oxfam calcula que, al ritmo de inmunización actual, los países de renta baja tardarán 57 años en aplicar la vacuna a toda su población, mientras los países ricos acaparan vacunas y medicamentos.

Con estas brutales carencias no es de extrañar que la ciudadanía se harte y salga a las calles a demandar que renuncien todos. Quien siembra vientos, cosecha tempestades.

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