La policía comenzó a desalojar ayer a varios cientos de familias sin hogar de un asentamiento irregular establecido recientemente cerca de Río de Janeiro, un suceso que deja ver el resurgimiento de la pobreza en Brasil durante la pandemia.
En imágenes difundidas en la televisión se veía a los residentes bloqueando la entrada al campamento con fogatas y a la policía lanzando latas de gas lacrimógeno a las carpas, así como agua desde cañones. Dado que el hemisferio sur está en pleno invierno, la ciudad pasaba por una de las mañanas más frías que se hayan registrado.
El desalojo forzado en Itaguaí se dio tras un fallo judicial a favor del propietario del terreno, la paraestatal Petrobras. Los residentes ocuparon el predio desde mayo y lo nombraron «Campamento de refugiados Primero de Mayo».
«Son unos cobardes», dijo entre lágrimas una residente enojada, Ana Paula de Oliveira, de 27 años. «Aquí nadie está armado, ni es un drogadicto o narcotraficante… Sólo queremos ejercer nuestro derecho a la vivienda».
Otra mujer apareció en el canal de televisión Globo News rogando para que le dieran auxilio.
«Soy una trabajadora doméstica», dijo entre lágrimas la residente no identificada. «La mujer me despidió debido a la pandemia. Ayúdenme, por favor: no tengo a dónde ir, no tengo familia».
En varias ciudades de Brasil han surgido favelas, lo que refleja un aumento de la pobreza luego de que el gobierno redujera uno de los programas de asistencia social por la pandemia más generosos del mundo. Eso dejó a muchas personas expuestas a la enorme inflación, y el débil mercado laboral del país aún no ha señales de recuperación.
Según la agencia nacional de estadísticas, unas 14,8 millones de personas estuvieron desempleadas en el periodo de tres meses hasta abril, o casi 15% de la población. Eso igualó el nivel registrado en el primer trimestre de 2021, el mayor desde que se comenzó a llevar ese registro en 2012.
El Departamento de Policía de Río de Janeiro indicó en su cuenta oficial de Twitter que el desalojo era parte de un proceso legal para recuperar el predio, pero de momento no respondió a preguntas sobre cuántas familias estaban ahí ni si hubo lesionados.
Petrobras señaló en un comunicado que, apegándose a la orden de la corte, la empresa había proporcionado desinfectante para manos y mascarillas, y ofreció transporte a tres estaciones de autobús cercanas.
Al empezar la tarde, había retroexcavadoras demoliendo el campamento. Se podía ver a niños sacando del lugar las pocas pertenencias de sus familias frente a policías con garrotes que montaban guardia.
Un sindicato federal de trabajadores petroleros que había estado ayudando a las familias con donaciones emitió un comunicado el jueves condenando «la actitud de la gerencia de Petrobras y la violencia de la policía en el desalojo de cientos de familias que no tienen a dónde ir».
