Pese a empezar a conocer de urgencia nacional, el Congreso de la República no terminó de aprobar la Ley de exención de responsabilidad y de creación del mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra el Covid-19, que permitiría como primera acción el ingreso de 1.5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos. Ante esto, representantes del sector empresarial, social, estudiantil y usuarios de las redes sociales han coincidido en que la normativa tuvo que ser contemplada con antelación.
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Gobierno rehuyó responsabilidad por tema de vacunas ? [https://t.co/rboTuGL6Gc] pic.twitter.com/xvy5JiB9U2— Diario La Hora (@lahoragt) June 30, 2021
Anoche, tras varias horas de debate para la aprobación de la Ley que busca eximir de responsabilidad a las farmacéuticas de posibles reacciones adversas por las vacunas, el Legislativo se declaró en sesión permanente al no llegar a un acuerdo con las enmiendas solicitadas.
Para este miércoles, 30 de junio, la Comisión Permanente del Congreso ha programado una reunión con Jefes de Bloque y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para profundizar en las enmiendas. Sobre esto, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, indicó que “la salud de los guatemaltecos no es un tema que no debemos tomar a la ligera”. A última hora, la reunión fue trasladada al Palacio Nacional y varios bloques desistieron de llegar.
En ese sentido, tanto Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), como Karin Slowing, analista del Laboratorio de Datos y Andrés García, secretario adjunto de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU), coincidieron en que la normativa tuvo que ser prevista meses antes por la urgencia de la vacunación.
FUNDESA: DESDE FEBRERO SE NECESITABA LEY
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dijo a La Hora que las enmiendas deben ser conocidas antes de que sea aprobada la iniciativa de ley, de no ser así podría ser “irresponsable” por parte de las autoridades. No obstante, aseguró que debió ser resuelto desde febrero del año en curso.
“La prioridad de aprobar la ley de urgencia nacional debe estar presente, con la garantía de que se cuenta con toda la información para poder votar con responsabilidad. En todo caso esto se debió resolver en febrero, fecha en que ya se sabía que se necesitaba una ley”, expresó.
Asimismo, mencionó que aprobar la ley sin correcciones “hubiera sido una irresponsabilidad”, destacando la claridad del plazo de compensación y la proporcionalidad de los montos, según el riesgo a la que la población está sujeta.
A decir de Zapata, es necesario que tanto el Congreso de la República como el Ministerio de Salud discutan las enmiendas previo a la aprobación de la ley.
LAB DE DATOS: SIN BASE TÉCNICA
Mientras que, Karin Slowing, analista de temas de salud e integrante del Laboratorio de Datos, señaló que la justificación del pleno del Legislativo para no aprobar la Ley fue “absurda”. Agregó que, si el Congreso estuviera “preocupado”, habría solicitado informes al MSPAS.
“A mí me parece demagogo. Si realmente estaban preocupados por los efectos secundarios, principalmente (Congreso) habría solicitado el Ministerio de Salud un informe sobre el porcentaje de efectos secundarios y los tipos, para poder estimar el alcance, recursos y tipo de compensación necesaria”, expuso.
Asimismo, refirió que el Ministerio de Salud no posee una base técnica adecuada para estimar el monto de la compensación, ni el Legislativo está solicitándola para determinar que la Ley es procedente o no.
Slowing dijo a este medio que, dichas autoridades, están alargando el período para obtener las donaciones de vacunas contra el coronavirus, refiriendo que los “grandes Estados” han tenido que “doblegarse” ante las exigencias de las farmacéuticas.
“No sé qué va a añadir Guatemala a las negociaciones, si ni siquiera pudo negociar adecuadamente un contrato con una empresa rusa. ¿Qué va a añadir a un juego de poder entre farmacéuticas y Estados poderosos? Tienen que decidir que, si quieren la vacuna, hay que aceptar la condición”, puntualizó.
Aclaró que las productoras no están solicitando requisitos “por antojo”, sino que es por reconocimiento del contexto complejo de la pandemia.
AEU: IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Mientras que Andrés García, secretario adjunto de AEU, consideró que hay “irresponsabilidad” por parte del Legislativo tras haber tomado cuatro días de descanso y no conocer la iniciativa de ley. Además, mencionó que el gobierno no tiene voluntad para la adquisición de inoculadores y la previsión que debieron tener de esta normativa.
“Es un atentado contra la salud de los guatemaltecos aun sabiendo que los casos de Covid-19 han aumentado rápidamente. A pesar de esto, el gobierno no ha tenido la voluntad de incrementar la compra de vacunas ni de tomar decisiones adecuadas para proteger la salud de la población”, lamentó.
García señaló que las autoridades están violentado el derecho a la salud de cada ciudadano. Agregó que la función del Estado es garantizar el acceso a la salud, de acuerdo con la Constitución Política de la República.
“Es muy probable que, si la situación sigue así, no solo van a incrementar los contagios, sino que también las muertes. Es lamentable. La vacunación es una solución, pero también incrementar algunas medidas de protección. Pero, al gobierno en general ya se le salió de las manos, habiendo retirado medidas en momentos claves”, concluyó.
OTRAS REACCIONES
Asimismo, por medio de las redes sociales, los guatemaltecos expresaron su inconformidad sobre el proceso de aprobación de la Ley de Exención de Responsabilidad para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
El usuario de Twitter JJ Barrios (@JJBarriosjj), expresó: “Somos un chiste de país, con autoridades mediocres, ignorantes que se creen expertos, pero solo velan por sus intereses. Limosneros y con garrote”.
Mientras que Werner Ramírez (@B_ehel) señaló lo siguiente sobre las declaraciones del presidente del Congreso, Allan Rodríguez: “Son él y las autoridades del ejecutivo quienes no tienen interés por la salud de la población. Desde febrero debieron tener lista la normativa por la que no interrumpió su fin de semana largo”.
Por su parte, el Consejo Nacional Indígena (@Consejoindigen) expuso: “Pero cuando aún a sus bolsillos les hacía falta plata no importaba nada y si no recuerdan hasta que horas se quedaban en plenaria para que les dieran el dinero para COVID. Este señor creo que borró caset. ¿Qué le pasa? la salud es prioridad y es un derecho”.
