Han pasado dieciséis meses desde que se detectó el primer caso positivo de coronavirus en Guatemala y cuatro meses del inicio del Plan Nacional de Vacunación, sin embargo, las acciones del gobierno para obtener inmunizadores han sido lentas y con resultados inconsistentes, más aún en cuanto a la compra anticipada de 16 millones de vacunas Sputnik V.
En ese contexto se consultó con tres profesionales sobre si ya es tiempo de declarar lesivo el contrato de compra con Rusia considerando que de lo comprometido sólo se han recibido 150 mil dosis.
LUIS FERNÁNDEZ MOLINA: PRIMERO HAY QUE HACERLO PÚBLICO
El abogado y, también columnista de La Hora, Luis Fernández Molina, señaló que, el proceso de negociación de las vacunas debe ser público, pues actualmente este tema no ha sido visibilizado por las autoridades estatales. Argumentó que después de ello, se debe declarar lesivo el contrato con Sputnik V.
“Considero que primero hay que exigir la plena publicidad, está en la Constitución. Que es secreto, ¿y por qué? Si la Constitución claramente dice que, salvo decisiones diplomáticas de protección, todos los procesos de este tipo deben ser públicos. Primero hay que pedir esa completa publicidad de todo lo que se actuó, porque se actuó con dinero del pueblo; segundo, sí, ya es hora de pedir la lesividad”, indicó.
La postura anterior la basa en que “es mucho dinero que ya se perdió y no se ha visto la entrega de vacunas, cada hora hay enfermos y fallecidos por culpa de ello, especialmente por falta de vacunas” y reiteró que “ya es hora de pedir la lesividad”.
Por otro lado, también vio necesario el emitir una denuncia a la fiscalía general, más aun considerando, que además de una pérdida económica en el país ha habido una gran pérdida humana. “La denuncia con el MP ya se debió haber analizado y debe trascender porque no es solo que ‘se pierda’ tantos millones, es que cada hora hay más contagios y cada hora hay menos chance de una reactivación económica y mayor pérdida”, señaló.
“El daño ya está, es muy lesivo”, aseguró, por ello considera que de hacer tratos con otros proveedores de vacunas contra la COVID-19 “habrá que negociar con más capacidad, con más criterio y más conocimiento”.
SLOWING: NEGOCIACIÓN MAL HECHA
Karin Slowing, consultora independiente en temas de desarrollo y políticas públicas opinó que la situación actual del país, donde hay carencia de vacunas y retrasos en su adquisición se debe en esencia a fallas durante la negociación entre Guatemala y Rusia. Actualmente el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, se encuentra en Rusia, no obstante, no ha proporcionado detalles sobre el tema de las vacunas.
“Creo que todo indica que la negociación -con Rusia- fue mal hecha; todo es opaco, todo es nebuloso. Y si el canciller Pedro Brolo no trae una respuesta clara, contundente y documentada de cuándo van a entregar las vacunas habría que proceder a más que declarar lesivo el contrato, emitir una denuncia penal porque el tema es que allí hay un delito de parte de las autoridades que autorizaron esa contratación, con una empresa intermediaria y en estas condiciones donde ni siquiera sabemos la verdadera realidad de esa negociación”, formuló.
La colaboradora en Laboratorio de Datos refirió que en Guatemala se vive una situación realmente “terrible”, donde el gobierno ruso no se pronuncia tampoco, por ello vio necesario “presionar al Canciller para que se posicione y clarifique qué fue a hacer a Rusia”.
Para Slowing previo a declarar lesivo el contrato es necesario iniciar una investigación, pues aseguró que la población desconoce el proceso de adquisición. “Con el tema de declarar el contrato lesivo, en principio creo que como mínimo debe haber una denuncia penal que obligue al Ministerio Público a investigar realmente las condiciones en que ese contrato fue negociado y firmado”, puntualizó.
“Yo creo que la lesividad lleva algunos pasos posteriores, pero lo primero es la investigación, ¡es que no sabemos nada! ahora, que eso vaya a pasar, no creo, porque la fiscal protege al gobierno, entonces ese es el problema”, agregó.
EL PROBLEMA NO ES CON RUSIA, EL PROBLEMA ES GUATEMALA
Se le planteó a Slowing si creía que el cambiar de proveedores de vacunas solucionaría la crisis sanitaria en Guatemala, ella respondió que el problema de las negociaciones no es realmente la empresa Sputnik V, sino los procesos realizados en Guatemala y opinó que ampliar el recibimiento a más fabricantes es una opción viable.
“Esto –negociar con otros proveedores– abre la puerta justamente a que se pueda negociar otras marcas de vacuna. El asunto es que esas negociaciones sean expeditas y que pueda haber suministros porque son seis meses que llevamos con esta telenovela sin tener respuesta de nadie; lo otro es las condiciones para recibir realmente la donación de Pfizer, ¿de qué sirve traer una nueva negociación con vacunas que no van a poder aplicar?”, cuestionó.
Por ende, la consultora concluyó que hay que hacer un “recambio” completo de todo el proceso para que este se haga de una manera adecuada, técnica y transparente. “Cambiar de proveedor simplemente no es la solución. No es tanto con los rusos la molestia, es con los guatemaltecos que estafaron al país”, puntualizó.
MANFREDO MARROQUÍN: HACE MUCHO SE DEBIÓ ACCIONAR
Al igual que Slowing, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó que la acción legal es vital. “Hace mucho tiempo debimos haber visto actuar a la Contraloría General de Cuentas frente a este contrato ilegal. Primero porque no se cumplió con la ley de vacunación que establece claramente que la compra debe ser a productores no a intermediarios. Segundo porque se pagó por adelantado por algo no recibido, lo cual es claramente ilegal”, explicó.
Del mismo modo, argumentó que además del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Procuraduría General de la Nación (PGN) “también brilla por su ausencia y no está cumpliendo con su responsabilidad de velar por los intereses del Estado”.
Respecto al cambio de proveedores y ofertantes, Marroquín no creyó que exista un riesgo de volver a comprar unidades que nunca se entreguen a Guatemala. “No lo creo. Los fabricantes son más responsables porque conocen su nivel de producción y por tanto asumen compromisos basados en eso. El problema del contrato celebrado por el gobierno es que no es con un productor, por lo tanto, no hay compromiso del productor con proveer la vacuna”, concretó.
