El 10 de mayo, el diputado independiente Aldo Dávila presentó la iniciativa de ley 5909 para reducir el salario de altos funcionarios, así como la eliminación de dietas y gastos de representación. Ayer, en su cuenta Twitter se refirió sobre el tema de nuevo, no obstante, representantes de diferentes organizaciones plantean que esto no es una solución contundente.
#PORTADADEHOY
Ven inviable la propuesta por salarios a funcionarios ? [https://t.co/ct3eE06Fb9] pic.twitter.com/WcI04QBXPS— Diario La Hora (@lahoragt) June 23, 2021
Este martes, el congresista compartió cuáles serían los salarios para distintos funcionarios públicos de ser aprobada la iniciativa de ley:
• Presidente del Banco de Guatemala, de Q85,610 pasaría a Q18 mil
• Contralor General de Cuentas, de Q85,025 a Q15 mil
• Superintendente (SAT), de Q63,578 a Q18 mil
Al ser presentado el proyecto, según el Congreso, Dávila destacó la importancia de “implementar la austeridad en la escala salarial del Estado, dada la crisis actual”.
Además, aseguró que cada funcionario debe pagar por su alimentación y combustible, con el objetivo de destinar la totalidad del monto acumulado por este ahorro para “el combate a la desnutrición crónica en el país y para dotar de insumos a los hospitales”.
El bien común debe prevalecer sobre el bien personal.
Iniciativa 5909 Ley que Regula los Salarios de Funcionarios Públicos. pic.twitter.com/U7fyH4vMHy
— Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 22, 2021
En ese sentido, La Hora conversó con representantes de diferentes organizaciones sobre la viabilidad de la propuesta del legislador, y si esto sería una solución para dotar al sistema de recursos. Tanto Edgar Ortíz como Luis Linares y Juan Carlos Zapata expresaron que la reducción de salarios no garantiza la erradicación de la corrupción en el Estado que resta fondos para la atención de las principales necesidades de la población.
ORTIZ: REDUCCIÓN NO ES SOLUCIÓN
A decir de Edgar Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, reducir los salarios de funcionarios “no resuelve nada”, sino que debe ser contemplado el reclutamiento por mérito y mecanismos objetivos de contratación sin “nombramientos a dedo político”.
“Si reducimos salarios para puestos de alto rango, lo que va a pasar es que mucha gente que es competitiva y buena no querrá ocupar esos cargos porque la paga es mala. Pensemos a quién podría interesarle un puesto de tanta responsabilidad mal pagado. Podría atraer a gente inescrupulosa que va a pensar que no importa ganar 15 mil quetzales en la Contraloría porque puede abusar del poder, y ganar por medio de mecanismos ilegales”, expresó.
Agregó que “el salario es un incentivo para evitar la corrupción”, refiriendo que, si la persona tiene asegurada su estabilidad, tiene menos estímulo a actos de corrupción. “Un salario bajo podría dar lugar a que vean el puesto como una forma de enriquecerse ilegalmente”, puntualizó.
En ese sentido, Ortiz resaltó que para mejorar la calidad de la función pública se requiere de un reclutamiento por mérito, posibilidad de ascensos dentro del Estado y contar con mecanismos adecuados de castigo. De esto último, explicó que, si hay funcionarios públicos que no “rinden”, deben ser removidos.
“Hay requisitos que deben ser cambiados, no solamente el salario. Para mí el servicio civil debería ser la discusión. Esa debería ser la propuesta de un diputado serio, no hablar de bajar salarios”, aseveró.
Por último, mencionó que hay puestos con excelente salario como los que menciona el congresista Dávila, mientras que hay médicos que “ganan una miseria”. “No hay remuneración lógica en los diversos puestos. Hay que hacer un análisis más detallado”, concluyó.
ZAPATA: INICIATIVA INCONSTITUCIONAL
En la misma línea, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), enfatizó en la necesidad de una reforma a la Ley de Servicio Civil, la cual impulsa la meritocracia e incrementar las competencias de los funcionarios públicos.
Además, señaló que la iniciativa 5909 presentada por el congresista Dávila tiene “serias inconstitucionalidades”, debido a que establece salarios a tope.
Asimismo, Zapata aseguró que la propuesta de ley va en contra de los principios internacionales del servicio civil que fomenta la eficiencia y eficacia de los funcionarios públicos.
“No resuelve en nada la corrupción y solo fomenta que personas con menores capacidades, se postulen a puestos públicos. En todo caso lo que es urgente es retomar la discusión de la reforma a la Ley de Servicio Civil”, aseguró.
LINARES: ABUSO DE FUNCIONARIOS
Por su parte, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), destacó la importancia de regular los salarios de los funcionarios públicos ante “abusos”. Sin embargo, aseguró que la ley no se cumple.
“Los funcionarios abusan de los salarios de la alta administración pública, e incluso se benefician de pactos colectivos. Son un mal ejemplo para otros trabajadores. Tiene que haber un ordenamiento de la remuneración de los funcionarios para que haya cierta uniformidad”, mencionó.
No obstante, resaltó que las diferencias en los salarios no son garantía de que no exista corrupción. Refirió que el ex presidente Otto Pérez Molina fue el segundo mandatario mejor pagado del mundo, y “robó a manos llenas”.
“No protege de la corrupción el hecho de que un funcionario tenga un sueldo elevado. Es una cuestión de controles, principios y de consecuencias sobre el que incurre en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito”, aseguró.
Linares resaltó que los funcionarios públicos son electos por medio de concursos por mérito, a fin de garantizar la imparcialidad y neutralidad política.
“Se habla mucho de la meritocracia, pero nadie hace nada en cuanto a aplicar la ley. Hay una ley de salarios que quedó prácticamente en el abandono, por eso es necesario regular”, concluyó.
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