La CSJ rechaza antejuicio contra juez Eduardo Cojulún. Foto La Hora

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, rechazó sin entrar a conocer la solicitud de antejuicio planteada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), para investigar al juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún Sánchez dentro del caso Fénix, Fase Impunidad.

La Fiscalía había requerido el retiro de inmunidad para profundizar en la pesquisa por la posible comisión de los delitos de obstrucción de la justicia y prevaricato.

Según la Fiscalía, Cojulún por medio de algunas decisiones judiciales, habría favorecido a integrantes de una estructura criminal señalada en el caso Fénix.

Esta investigación tiene vinculación a una agrupación que lavó dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero, explicó la FECI.

LOS VOTOS EN CONTRA

Asimismo, se dio a conocer que las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales Aceña, emitieron su voto en contra de no dar trámite a la solicitud de retiro de inmunidad del juzgador.


COJULÚN HABRÍA DICTADO RESOLUCIONES FAVORABLES

Durante la investigación del caso, la FECI determinó al estudiar las actuaciones en las carpetas judiciales a cargo del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal que, Cojulún Sánchez, “profirió decisiones que favorecieron a varios sindicados, fundamentalmente a Gustavo Adolfo Herrera Castillo”.

El 12 de diciembre de 2007, el juez Eduardo Cojulún dictó una resolución “contraria a la ley” al ordenar, a petición de la defensa, el sobreseimiento del proceso, teniendo el juez pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación lo que ameritaba que se siguiera con la pesquisa en contra de todos los sindicados, especialmente, Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la supuesta estructura criminal.

MEDIDAS A FAVOR DE CASTILLO

Por otro lado, el 4 de agosto de 2008 el juez Eduardo Cojulún, otorgó medidas de coerción a favor de Gustavo Herrera, a pesar de que este había estado prófugo de la justicia desde el 2 de junio de 2003 y además, dejó sin efecto la orden de aprehensión que se había girado.

En ese momento, el MP no se opuso a la resolución y era representado por Ranulfo Rafael Rojas Cetina, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y contra quien la FECI requirió retirar su inmunidad en este caso.


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