Si bien el Congreso de la República no logró juramentar “de urgencia nacional” como magistrado a la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a Néster Vásquez Pimentel, por falta de quórum, analistas refirieron a La Hora cómo esta y otras acciones realizadas por la Alianza Oficialista, han representado un desafío a la legalidad, recordando el precedente de la juramentación de Mynor Moto.
Los entrevistados coinciden que el caso de Vásquez y el intento de juramentarlo, contradice la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la cual en su artículo 160 establece que si una persona fue electa para un cargo a magistrado a la CC y ejerce un puesto que no es compatible, debe renunciar con 15 días de anticipación, lo cual no ha sido informado por la Corte Suprema de Justicia o el propio togado.
Además, está pendiente de resolver un amparo y dos apelaciones contra el proceso de selección realizado por el CANG.
RODRÍGUEZ: JD ACTUÓ CON ILEGALIDAD
La abogada Stephanie Rodríguez destacó que contrario al Estado de Derecho y la certeza jurídica, la Junta Directiva del Congreso actúa en total ilegalidad y de manera impune, al buscar juramentar a personas que no cumplen los requisitos procesales oportunos.
Sobre el caso del magistrado Vásquez, recordó además que hay recursos que no se han dilucidado y por lo tanto no puede asumir como magistrado de la CC.
“En ese momento que él sea designado, tiene que renunciar para que después lo puedan juramentar, entonces se están saltando todos estos pasos, hay impugnaciones… es terrible porque inclusive para mí están incurriendo en delitos”, destacó.
A decir de Rodríguez, la Alianza Oficialista incurre en el delito de violación a la Constitución, porque no están cumpliendo todos los procesos establecidos.
A la vez, remarca que se “sienten valientes”, pues en caso de que sean denunciados o si los impugnan, tanto la Corte de Constitucionalidad, como el Ministerio Público, se han visto negligentes en este tipo de casos.
“De forma preliminar inclusive se encuadra en figuras delictivas en este caso de violación a la Constitución”, reiteró.
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ORTÍZ: JUGANDO AL FILO DE LA LEY
A la opinión de Rodríguez, se añade la del Director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortíz, quien mencionó que se evidencia la urgencia de juramentar a ciertas personas para estos cargos “jugando al filo de la ley”.
Ortíz destacó que, en el caso de Vásquez, lo más importante es que debe renunciar a su cargo como magistrado de la CSJ, “supondría uno que al ver que ya se ha oficializado su elección en el Colegio, pues él debió renunciar ya al cargo de la Corte Suprema de Justicia y ese es el problema más grande que tienen ahora mismo”.
Por eso, afirmó que le parecía increíble que el Congreso intentará juramentarlo sin conocerse su renuncia.
“Como los magistrados de la Corte Suprema le presentan fidelidad al Congreso pues asimismo su renuncia la tiene que conocer y ratificar el Congreso, cosa que no ha sucedido”, aseguró.
EL RESPETO A LA LEY, NO ES UNA PRIORIDAD PARA LA ALIANZA OFICIALISTA
Lo que es un hecho, a criterio de Ortíz, es que mientras siga siendo magistrado de la CSJ, no puede asumir “eso es ilegal, si el Congreso intenta hacerlo, pues otra vez estamos hablando de lo mismo del Congreso, saltándose las normas”.
Como antecedente, recordó el caso de Moto, que por lo menos sí pidió una excedencia antes de ser juramentado, una figura que permite estar fuera del cargo temporalmente, “él sí entrego su cargo antes de juramentarse, pero Néster, ni siquiera ha hecho eso”, reiteró.
Ortíz hace énfasis en que la Alianza Oficial del Congreso ha demostrado que el respeto a la ley “no es una prioridad de ellos” e indicó que es una pena que hicieron esto en el Día de la Constitución.
LINARES: EL OFICIALISMO Y BANCADAS ALIADAS SON “SUMAMENTE CUESTIONABLES”
Finalmente, el analista de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, destacó que a nivel general la alianza oficialista, encabezada por Vamos, tiene integrantes “sumamente cuestionables”.
En ese orden, Linares, destacó que lo que se ve es el funcionamiento de lo que se ha conocido como “Pacto de Corruptos”, y que tiene al país “en esa pendiente de corrupción en el manejo de los fondos públicos.”
“Va a tener consecuencias en la relación con Estados Unidos, lamentablemente esa presión externa es la que puede lograr que esto cambie, que se mida, que no actúen con tanto descaro, con tanto cinismo”, anotó.
EL CASO MOTO
El 26 de enero, el Colegio de Abogados notificó al Congreso que había impugnaciones en el proceso de designación del exjuez Mynor Moto y aun así procedieron con la juramentación, aunque nunca pudo tomar posesión. Esa vez, el exjuez fue amparado provisionalmente por la Sala Primera de Apelaciones.
La Junta Directiva, de manera apresurada y ajustada, realizó la juramentación de Mynor Mauricio Moto Morataya, como magistrado titular de la Corte Constitucionalidad, previamente magistrados de la CC dieron trámite a un amparo ante la amenaza de dicha juramentación y además, en ese entonces existían 6 apelaciones contra el proceso pendientes de resolver, aún así, procedieron a tomarle juramento.
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