Ayer trascendió que el abogado de Sandra Torres, expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Leonel Enrique Castañeda Tejada, auxilió a Otto Gómez en el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC), que pretende dejar sin efecto el acuerdo 59-2019, mediante el cual se creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dentro de la estructura organizacional del Ministerio Público.
La FECI fue creada como resultado de un convenio entre el MP y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), derivada a su vez de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) efectuado el 12 de diciembre del 2006. La instalación de la fiscalía fue aprobada por el Legislativo a través del decreto 35-2007 del Congreso de la República.
Ante la acción que argumenta que, “la inconstitucionalidad es notoria y susceptible a causar más daños irreparables a los ciudadanos guatemaltecos (as) y demás personas que residen o viven dentro del territorio nacional de Guatemala, independientemente de su nacionalidad que puedan ser afectados”, La Hora consultó con expertos, respecto a lo que representa dicho planteamiento.
CIEN: ACUERDO 59-2019 PARECE SER LEGALMENTE SÓLIDO
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que el acuerdo 59-2019 contiene una buena base legal. En él se recalca la necesidad de la continuidad de la FECI en el país pese al desmantelamiento de la CICIG. “El anterior acuerdo de la FECI si pudiera haber sido vulnerable porque estaba basado en un convenio Ministerio Público-CICIG, y cuando desaparece CICIG, el acuerdo queda inválido, pero aquí se ve que rescatan todo el trabajo y el enfoque que tenía la FECI y plantean una reforma al acuerdo de la FECI y la adaptan totalmente fuera de un convenio con CICIG”, explicó Quezada.
Conforme a lo anterior, el analista no ve a su criterio un marco inconstitucional en el acuerdo. “El acuerdo es aparentemente sólido. A mi juicio no aparenta una notoria inconstitucionalidad, por el contrario, creo que la Dra. fiscal general hizo una adaptación necesaria, la anterior sí lo hubiera sido -inconstitucional- pero el actual ya da un enfoque en el sentido de que solo es un seguimiento de esa dinámica, pero ya no está atado al convenio de CICIG”, detalló el abogado del centro de investigaciones.
Se le preguntó a Quezada sobre las posibles razones por las que Otto Gómez y Leonel Castañeda decidieron impugnar si no es evidente una inconstitucionalidad en el acuerdo, ante esto comentó que es necesario analizar la postura de los abogados, aunque a simple vista “no es tan evidente” y recalca que este nuevo acuerdo es una adaptación sólida del anterior.
J. WONG: LOS TIEMPOS CONCUERDAN CON LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CC
Por otro lado, Jorge Wong, miembro de IIPS-USAC, argumentó que “obviamente hay un “timing” perfecto para proponer estas ilegalidades, curiosamente se dan después de que ya la CC ya toma su posesión. ¿Por qué no se presentaron antes?, creo que podría ser ahorita un momento adecuado para ser presentadas esperando que se den con lugar dichas interpelaciones y que se elimine una amenaza para las personas que están señaladas en casos de corrupción tan grandes”.
Adicional a lo anterior, Wong opina que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha logrado superar las capacidades del Ministerio Público ante los ojos de la población. “Realmente la FECI es la que tomó el papel, por así decirlo, de la CICIG. La FECI tiene tan buena reputación que se ha llegado a opacar al mismo Ministerio Público; instituciones internacionales han felicitado al jefe de la FECI y han dejado por un lado la mención de la fiscal general, la jefa de Juan Francisco Sandoval -titular de la FECI-”, comentó.
Al igual que el aporte de Quezada, Jorge Wong coincide en que para él, el acuerdo 59-2019 fue una buena iniciativa de la fiscal Consuelo Porras para apoyar la prolongación de la FECI en Guatemala, además opina que antes de resolver esta inconstitucionalidad debe resolverse si fue legal dentro del marco constitucional la acción del expresidente Jimmy Morales de sacar a la CICIG del país. “Eso es lo que hay que resolver primero, ya después de esa resolución ya se puede decir si esta inconstitucionalidad toma vigencia o no”, sugirió.
“Si resulta ser que la forma en que Jimmy Morales fue ilegal al sacar la CICIG entonces significa que el convenio es ilegal, por lo tanto, esta segunda ilegalidad no tendría cabida en la ley, pero si determinan que sí fue una forma legal de haberlo hecho, entonces creo que ahí sí pueden decir que como la CICIG ya no tiene vida en Guatemala, tampoco la FECI. Pero eso lo deben determinar a través de un juzgado donde se investigue el caso y creo que lo están apresurando demasiado todavía”, concretó el experto.
El analista de IIPS-USAC concluye asegurando que la comunidad internacional y organizaciones guatemaltecas tendrán la mira puesta en el desarrollo del nuevo proceso contra la FECI. “Obviamente, la comunidad internacional y las organizaciones nacionales a favor de este convenio y esta institución van a estar muy pendientes para ver cuál será el resultado de lo que digan los jueces en los juicios que están por presentarse.
