ASP expresó su rechazo al fallo de la CC. Foto: CUC

Por María España
mespana@lahora.com.gt

En conferencia de prensa, la Asamblea Social y Popular (ASP) expresó su rechazo al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de denegar los amparos contra el Congreso de la República y el presidente de la República, Alejandro Giammattei, interpuestos para detener la reforma a la Ley de las ONG. Además, convocó a movilización en contra de la resolución

“Condenamos el actuar malicioso de la nueva Corte de Constitucionalidad porque es una clara evidencia del avance de la captura del Estado por las mafias, pues la resolución atenta en contra de los derechos inalienables de la ciudadanía a expresarse libremente, organizarse y participar en la fiscalización de las instituciones públicas, tal como debe ocurrir en un Estado democrático. Sin embargo, Guatemala se acerca cada vez más a un Estado dictatorial”, aseguraron.

Explicaron que el presidente Giammattei, por medio del Ministerio de Gobernación, podría retirarle el registro a asociaciones y organizaciones de sociedad civil de manera “arbitraria”. Añadieron que podría afectar a las organizaciones que promueven Derechos Humanos, y que apoyan a poblaciones a través de programas sociales.

“Nos preocupa que la ley podrá ser utilizada para atacar y penalizar a grupos y líderes de la sociedad civil incómodos para los intereses del Pacto de Corruptos, situación que empeoraría la violencia del Estado en contra de las luchas sociales en defensa de las garantías constitucionales y de la Madre Tierra”, indicaron.

Aclararon que no se oponen a la fiscalización, sino que al “control total y sometimiento” de las formas de organización, destacando que podrían ser criminalizados y neutralizados.

Asimismo, recordaron que el país ya cuenta con mecanismos jurídicos para fiscalizar los fondos de las Organizaciones no Gubernamentales. También mencionaron que las entidades están obligadas a completar un proceso de registro ante las autoridades fiscales.

Por último, hicieron un llamado a la población para que se pronuncie y movilice contra la resolución que podría representar violación al derecho de libertad de asociación.


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