MADRID
Agencia DPA/Europa Press
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua ha propuesto convocar para el próximo 7 de noviembre elecciones a presidente, vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El ente, de mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha aprobado un proyecto de calendario electoral sobre el que los partidos políticos pueden emitir observaciones como máximo este viernes, 8 de mayo, y que arranca con la solicitud de registro de constitución de alianzas de formaciones política para el próximo 12 de mayo.
El mismo calendario indica que los días 13 y 14 de mayo se llevará a cabo la autorización de constitución de alianzas de partidos políticos, informa el medio nicaragüense ‘La Prensa’.
Asimismo, la propuesta de calendario electoral, enviada a los partidos políticos, fija la campaña para entre el 21 de agosto y el 3 de noviembre.
Este documento, que será validado una vez se publique en el Diario Oficial el 11 de mayo, se diferencia de calendarios de anteriores procesos, en los que se programaba el registro de partidos políticos más de dos meses después de la convocatoria de comicios.
Así, apresura la inscripción de las formaciones, entre las que parte de la oposición lleva semanas intentando acercarse de cara a las elecciones.
No obstante, el registro de candidatos a los distintos puestos puede realizarse entre el 28 de julio y el 2 de agosto, para su publicación provisional el 12 de agosto y la definitiva el 18.
Las fuerzas opositoras se dividen en dos bloques principales, Alianza Ciudadana (AC), encabezada por Ciudadano por la Libertad (CxL), y la Coalición Nacional, liderada por el Partido Restauración Democrática (PRD). El FSLN del actual presidente, Daniel Ortega, podría presentar nuevamente al mandatario, que ocupa el cargo desde 2007.
Precisamente, Estados Unidos se ha mostrado este jueves «profundamente preocupado» por la legislación electoral impulsada Ortega, así como por un Consejo Electoral Supremo «sesgado», que «socavan la credibilidad de las elecciones nicaragüenses».
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, el Gobierno de Nicaragua «ha rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral». Le reprocha haber hecho lo contrario «al aprobar reformas significativas» que ponen en duda la celebración de «elecciones libres y justas en noviembre».
