Jorge Morales Toj
En la actualidad, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché es una institución representativa del pueblo Maya K’iche’ y se ha convertido en un referente nacional e internacional en la aplicación del derecho indígena. Para la población quichelense, indígenas y mestizos someterse al derecho indígena resulta más útil y más efectivo para la aplicación de la justicia
Sin embargo, aún existen sectores y algunos actores que cuestionan la validez del derecho indígena, bajo el argumento de que no puede haber dos justicias y que en Guatemala todos deben ser sometidos al sistema ordinario sin distinción alguna. Con esos argumentos, pretenden deslegitimar la aplicación del derecho indígena y pretenden cuestionar la validez de las resoluciones de la Alcaldía Indígena.
En un peritaje cultural realizado por la doctora Rachel Sieder, se afirma que: “La Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché es parte de una larga y dinámica tradición de derecho y gobierno indígena que data desde antes de la colonización española. La continuidad histórica del pueblo indígena implica la evolución, dinamismo y continuidad de sus formas de autoridad y derecho propio. Los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas se caracterizan por ser dinámicos, flexibles y en proceso permanente de adaptación a los distintos contextos y circunstancias…” La doctora. Sieder nos dice que: “En Guatemala el Ajpop significa “gobierno del pueblo” y es una figura que data desde tiempos precoloniales. Es el funcionario de más alta responsabilidad dentro de la organización maya ancestral. Su misión es dirigir, organizar y velar por el bienestar y desarrollo de todas las comunidades, bajo un sistema de cargos internos en las comunidades…”
En Guatemala existe suficiente doctrina legal, que reconoce a las autoridades indígenas y sobre todo que respeta las formas propias de los pueblos indígenas que dirimen sus conflictos bajo los principios y mecanismos que se establecen en el derecho indígena, sin embargo, existen instituciones de justicia e instituciones públicas del Estado que aún no quieren reconocer el derecho indígena, como parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Varios procesos legales están en marcha que criminalizan la labor de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché. El sistema de justicia ordinario ha dado cabida a varios procesos penales en contra del Alcalde Indígena de Santa Cruz del Quiché, lo cual, desde mi perspectiva puede constituirse en un choque de trenes, con efectos colaterales para el incipiente esfuerzo de coordinación interlegal que se lleva a cabo, entre el derecho indígena y el derecho ordinario.
Lo más grave del choque de trenes, entre el derecho ordinario y el derecho indígena, es la desconfianza que se genera en la población quichelense especialmente hacia la justicia ordinaria. La autoridad indígena está cuestionada especialmente por la delincuencia. El daño es para el Estado de Derecho.
Ojalá, que las instituciones que integran el sistema de justicia ordinario, respeten las competencias de las Alcaldía Indígena y sepan valorar el aporte invaluable que cumplen las autoridades indígenas en la construcción de una sociedad con paz y justicia para todos.
