Julio R. García-Merlos G.
En el lenguaje político son variados los adjetivos que se emplean para descalificar aquellas ideas que no gustan o que parecen equivocadas. Desde el llamado progresismo se tacha a los conservadores como retrogradas, mientras se afirma que ese grupo político (progre) es el que profesa ideas vanguardistas, de cambio para el desarrollo social. Hoy les mostraré un botón que muestra lo contrario.
La semana pasada, la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) presentó una iniciativa de ley en la que plantean la recuperación de los bienes públicos para el buen vivir. Este movimiento es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), organización conocida por las numerosas denuncias por hurto de fluidos (energía eléctrica) y por provocar cortes en ese servicio que han dejado en la oscuridad en poblaciones enteras en varias partes del país.
Este movimiento es idealizado por quienes se autoproclaman progresistas en las ciudades porque según ellos representa una expresión genuina que busca el desarrollo social en las áreas rurales y las zonas con mayor población indígena. No ven (o no quieren ver) el modelo de negocio que han construido por medio de los cobros que esa organización realiza a las personas que se conectan en forma ilegal al sistema eléctrico, modelo que genera réditos para sus líderes que no rinden cuentas porque sus actividades están al margen de la ley.
Además de esto que señalo y que se ha discutido ampliamente en el foro nacional, ahora vienen con una propuesta marxista de manual: a) proponen una serie de expropiaciones de empresas e infraestructura relacionada con varios servicios públicos; b) la suspensión de licencias para la explotación de recursos naturales y de frecuencias de telecomunicaciones; c) y la creación un mega programa social que equivale a una manutención estatal casi generalizada.
En Guatemala hay mucho por avanzar, se requieren reformas institucionales que generen crecimiento económico y una mejora considerable en la calidad de vida de la población. Sin embargo, en este cóctel de propuestas del MLP van ideas que han probado estar condenadas al fracaso y que no solo no generarían progreso sino que asegurarían un retroceso en la cobertura de servicios públicos esenciales. En 1995 cuando el Estado conservaba el monopolio en el sector eléctrico la cobertura nacional alcanzaba el 47.1%, mientras que datos del último censo reflejan una cobertura del 92.4% a nivel nacional. La apertura en el mercado permitió que casi se duplicaran los usuarios del servicio. En materia de telecomunicaciones la situación es similar, para el primer semestre del 2019 la Superintendencia de Telecomunicaciones computaba casi 21 millones de líneas telefónicas, un número que supera la cantidad de habitantes de nuestro país; mientras que en 1996 no se superaba el medio millón de usuarios.
Devolver al Estado el control de infraestructura estratégica no traería progreso. Si usted en su ideario personal y político considera importante el ideal del progreso es preciso tomar en cuenta que este viene acompañado de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la libertad de mercado. Hay muchas demandas legítimas que merecen ser escuchadas y atendidas por nuestro Estado ineficiente, sin embargo, la forma de atenderlas no se relaciona con este tipo de propuestas radicales, ni apoyando estas ideas que tratan de pintar como novedosas, pero que no son más que viejas recetas cuyos resultados pesan en el récord negativo de la humanidad.
Julio García-Merlos
@jgarciamerlos
