MADRID
Agencia DPA/Europa Press
Un juez federal ha ordenado el uso obligatorio de cámaras corporales para los guardias penitenciarios de cinco cárceles de California tras denuncias de abusos a varios presos con discapacidades.
La orden de la magistrada Claudia Wilken requiere que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California coloque las cámaras en la Prisión Estatal de California del Condado de Los Ángeles, la prisión estatal de Corcoran y la Instalación de Tratamiento de Abuso de Sustancias en Corcoran, así como en la Institución de California para la Mujer y la Prisión Estatal de Kern Valley.
«El Tribunal determina que es probable que las cámaras corporales mejoren las investigaciones de la mala conducta del personal y reduzcan la incidencia de violaciones de los derechos de los reclusos discapacitados», ha hecho saber Wilken en su sentencia, recogida por el “Los Angeles Times”.
La jueza emitió su fallo después de revisar docenas de declaraciones presentadas por abogados por los derechos de los presos y discapacitado. «Algunos de los incidentes involucran el uso de la fuerza contra reclusos discapacitados mentales o físicos, aunque no representaran una amenaza inminente para la seguridad del personal u otros reclusos», ha indicado.
Por ejemplo, en la prisión de Lancaster, un recluso con trastorno bipolar fue golpeado en junio de 2019 después de quejarse de alucinaciones. Después de una evaluación de salud mental, dos guardias le golpearon en la cabeza durante un altercado verbal. En diciembre de ese año, otro preso con un «episodio maníaco» fue agredido en el suelo a golpes y con un espray de pimienta.
«Las descripciones en estas declaraciones del comportamiento del personal hacia los reclusos discapacitados son notablemente consistentes, y los declarantes no tienen aliciente alguno para inventarse los incidentes que describen con tanto detalle», ha concluido.
En respuesta al fallo, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) ha asegurado que los funcionarios penitenciarios «están evaluando la orden del juez en este momento, pero nos tomamos muy en serio la seguridad de la población encarcelada y trabajamos enérgicamente para proteger a las personas con discapacidades».
«El CDCR ha tomado medidas para mejorar las condiciones de las personas bajo nuestro cuidado y adaptarse a discapacidades físicas y mentales, así como el desarrollo de la responsabilidad del personal frente a un comportamiento que va en contra de los valores del departamento», ha añadido.
