Alfonso Mata
Hoy por hoy, la estructura de gobierno de Guatemala sea que se hable de judicial, ejecutivo o legislativo, produce más efectos indeseables e inútiles que útiles y diga y haga este por aclarar su mala e incompetente funcionalidad, la realidad desenmascara una y otra vez sus mentiras. Claro que antes que empezara el actual gobierno, íbamos por mal camino y lo corto de prosperidad capaz de producirse, se derrama únicamente en unos cuantos, sin que ni a corto ni a mediano plazo se puede ver cambio alguno y es imposible que con la luz natural de su intelecto, el pueblo pueda cambiar la situación. No es un problema de pensar sino de saberes y actuar.
Se sabe, desde hace décadas, que las casas productores y distribuidoras farmacéuticas y de equipo médico quirúrgico –no todas- con tal de aumentar la producción de su riqueza, corrompen autoridades y funcionarios públicos. De tal manera que la base económica sobre la que se hacen las negociaciones de medicamentos y materiales por el MSPAS y el IGSS, descansa en una estafa. Estoy seguro que desde la aspirina, pasando por los antibióticos y cayendo en el material para la nutrición enteral y parenteral y las diálisis, su costo real superan el del mercado libre, y me atrevo a decir que probablemente con la vacuna y el material para la inmunización sucederá otro tanto.
La valiente descripción de la politización institucional y la corrupción imperantes en compras y adquisiciones que hace la prensa, debería impulsar la eliminación de los comportamientos colusorios generalizados en nuestras instituciones de salud que socavan el desempeño de los sistemas de salud. La corrupción es un problema sistémico en nuestro sistema de gobernanza de salud, que compromete el impacto de las inversiones públicas y afecta negativamente los resultados de salud. Comportamientos corruptos que caen en los dominios administrativos y regulatorios, caracterizándose primero, por la corrupción en las adquisiciones y el patrocinio y segundo, en la falta de atención deliberada a la supervisión.
Los comportamientos colusorios en la prestación de servicios de salud, son el resultado de la interacción entre una financiación inadecuada del sistema público, un papel no regulado creciente del sector privado y la falta de transparencia general en la gobernanza. Estamos hablando entonces de que son de naturaleza financiera, procesal, ética y debería de ser castigados por la ley, porque al final terminan afectando o llevándose la vida de miles. Pero eso no está ni ha sucedido. Ni hay una rendición de cuentas claras al respecto, ni siquiera por la parte interna de la institución (oigan sindicatos) ni se procesa legalmente esa captura estatal arraigada en la débil capacidad de las instituciones estatales, junto con la falta de responsabilidad y los intereses económicos creados de la élite poderosa; situaciones que demandan de soluciones no susceptibles de reformas aisladas dentro del sector de la salud.
La corrupción en el sector de la salud, conduce a fugas y robos de recursos públicos y malversación de servicios y subsidios; socava el objetivo de equidad de la atención de salud financiada con fondos públicos, compromete la calidad en el sector privado y sesga las prioridades de gasto. En virtud de su escala y omnipresencia, la corrupción merece ser una prioridad en los sistemas de salud y la gobernanza.
