Claudia Escobar Mejía Ph.D.
Actualmente, estamos en medio en un proceso de elección de magistrados para la Corte más importante del país. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen la potestad de decidir sobre amenazas de violación de los derechos fundamentales de los guatemaltecos en temas de salud, propiedad privada, dignidad del ser humano, educación, etc. Son los responsables de poner límites a los abusos de poder y de establecer cuando las leyes ordinarias contienen preceptos que son contrarios a la Constitución Política de la República de Guatemala.
La designación de cargos públicos debe ser por razones de méritos de capacidad, idoneidad y honradez, según establece la Carta Magna, Estos aspectos adquieren mayor relevancia cuando se trata de nombramientos en un órgano de justicia que tiene en sus manos el destino del país. Guatemala es una sociedad con una problemática socio política muy compleja, sumamente polarizada. A lo cual se suma la injerencia del crimen organizado en las instituciones y los graves escándalos de corrupción de altos funcionarios públicos.
Las cortes, según la ley, son las responsables de ayudar a que los ciudadanos resuelvan sus conflictos de forma pacifica. Sin embargo, para que esto se cumpla es necesario tener confianza en los jueces y magistrados. No basta que las resoluciones están apegadas a la ley. Los ciudadanos, tenemos que creer que ellos son personas honestas; capaces de resolver con imparcialidad y objetividad. La fortaleza de las instituciones de justicia esta íntimamente vinculada a la calidad humana de sus funcionarios.
Existen estándares internacionales para garantizar la independencia de los jueces, estos señalan que la designación debe ser en base a méritos y capacidad, en igualdad de condiciones y no discriminación; por medio de procesos públicos y transparentes, que permitan la fiscalización ciudadanía. Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, claramente indican que: Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos…
La facultad de elegir magistrados les corresponde a la Corte Suprema de Justicia; el Congreso; el Presidente en Consejo de Ministros; el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y a la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Es obligación de los entes electores nombrar abogados sin tacha, capaces de actuar con absoluta independencia de cualquier grupo de interés. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir a los funcionarios -electores- que rindan cuentas de su gestión, que cumplan a cabalidad los lineamientos que la Constitución y los estándares internacionales de independencia judicial establecen para designar a magistrados. No podemos permanecer indiferentes ante la amenaza que enfrenta la justicia.
Es totalmente inaceptable que los entes electores permitan que individuos acusados de cometer hechos delictivos participen como candidatos a magistrados, como sucedió recientemente en el Colegio de Abogados. Tampoco se puede tolerar que la Corte Suprema favorezca la designación de abogados con vínculos partidarios, cuando debieran ser la garante de la independencia judicial. Recordemos que los magistrados de CSJ fueron electos en 2014, por políticos corruptos, bajo la condición de cubrirles las espaldas. Compromiso que han cumplido a cabalidad al impedir que varios diputados, señalados de cometer graves actos de corrupción, enfrenten la justicia. Además, la CSJ carece de legitimidad para nombrar magistrados para la Corte de Constitucionalidad, pues el período de funciones de los magistrados venció en octubre de 2019. Siguen ocupando esa función porque el Congreso se niega a elegir nuevos magistrados, ya que los actuales sirven a sus intereses.
Los sectores poderosos buscan colocar a sus allegados, a quien le puedan dar directrices; quieren magistrados dispuestos a negociar. Las mafias tratan de dividir y confundir a la población con argumentos absurdos que quienes luchan por la justicia tienen un sesgo ideológico de izquierda. Todos los guatemaltecos, pero en especial los abogados y jueces honestos estamos llamados a defender la independencia judicial y evitar que la justicia sea cooptada por las mafias, para garantizar impunidad. No se trata de promover abogados afines a los intereses de ningún grupo, es indispensable que los magistrados sean profesionales honorables a toda prueba, capaces de mantener su independencia. Debemos -por todos los medios a nuestro alcance- impedir que la Corte caiga en manos de personas inescrupulosas, dispuestas a vender la justicia al mejor postor.
