Por: Adrián Zapata
Correspondiente con nuestra autoubicación como “república bananera”, la Embajada imperial le leyó el manual de comportamiento a las distintas bancadas del Congreso. Honorables diputados como Sonia Gutiérrez y Bernard Arévalo, jefes de sus respectivas bancadas, dieron declaraciones a la prensa al respecto. Arévalo dijo “Nos leyeron un documento que es el resumen de las posiciones de los temas anticorrupción y la elección de las cortes…” (elPeriódico, 15/febrero/2021). En el mismo medio, se informa que las bancadas de los partidos aliados al oficialismo no han aceptado reunirse con los emisarios norteamericanos, conocedores del mensaje que les transmitirían.
Estos hechos replantean un tema que es necesario abordar. Me refiero a la injerencia extranjera y al ejercicio de la soberanía. Es importante para nosotros, los guatemaltecos, aclarar estas categorías en el marco de un proceso de cooptación del Estado por parte de estructuras político criminales y del narcotráfico, respecto al cual ha quedado claro que no hay condiciones para poder evitarlo a nivel nacional y que resulta indispensable para ello el “apoyo” externo, específicamente el de Estados Unidos.
Es lógico, por tanto, que quienes ahora levantan la bandera de la soberanía sean los sectores vinculados a esas estructuras criminales y tenebrosas. Esa reivindicación, en abstracto, es incuestionable. Nadie debería asumir la servil y dócil posición política del entreguismo a un poder extranjero e imperial. Menos aún en un país como el nuestro, donde la política intervencionista de los Estados Unidos ha sido, históricamente, cómplice de las oligarquías criollas y de las dictaduras militares. Guatemala seguramente sería otra, si no la hubiéramos sufrido.
La soberanía radica, de acuerdo a la Constitución, en el pueblo, quien tan solo la delega en los poderes estatales, cuando son producto del funcionamiento del sistema democrático. Pero nunca deja de estar en él.
Es así como la bandera de la soberanía en manos de los corruptos y criminales es no sólo ilegítima, sino falsa. Y la razón de ello es muy simple, expresan un discurso para defender sus intereses particulares, que son criminales. Además, dichos intereses atentan contra los correspondientes a los soberanos (el pueblo).
Por todo lo anterior, nadie debería identificarse con esa reivindicación de soberanía que hacen los criminales. Esa categoría política está siendo pervertida cuando ellos la utilizan.
Sin embargo, no hay que dejarse alucinar por el brillo que tiene una coyuntura. La injerencia de una potencia hegemónica es atentatoria al derecho de autodeterminación de los pueblos (no a la “autodeterminación” de los criminales).
Insisto, como lo he expresado en diversas oportunidades, la relación con los Estados Unidos debe ser de mutuo respeto y cooperación. Pero eso requiere dignidad nacional, producto de un nuevo pacto social donde se prioricen los intereses, en el caso guatemalteco, de los pueblos que habitan este país, no de las élites privilegiadas. Evitar la consumación de la cooptación del Estado por los criminales puede ser un buen inicio en esa dirección.
