Carlos Rolando Yax Medrano
Entre 1982 y 1983, en los 17 meses en los que el General Efraín Ríos Montt estuvo a cargo de la presidencia de la República de Guatemala luego del derrocamiento del General Romeo Lucas García, ocurrieron el mayor número de crímenes por violaciones a los derechos humanos y actos de violencia en el período de 36 años de Conflicto Armado Interno. Durante el mismo período, entre Alta Verapaz e Izabal donde habitaba el pueblo q’eqchí, ocurrieron numerosas disputas por la posesión de tierras entre los locales y los grandes terratenientes, conflictos que el Ejército se dispuso a resolver.
Un grupo de campesinos viajó a la Ciudad de Guatemala para obtener la propiedad de las tierras en las que vivían y de las que vivían. Sus intereses se encontraron con los de un terrateniente que estaba dispuesto a hacer lo que a su alcance estuviera para obtener los títulos de los mismos terrenos. En el intento de hacer valer sus derechos, los campesinos fueron llamados guerrilleros e insurgentes, y fueron detenidos y desaparecidos por las fuerzas armadas guatemaltecas. Algunas semanas después, el Ejército regresó a las casas de los hombres de los que ni un rastro quedaba, las quemaron, destruyeron sus cultivos, se llevaron sus animales y destruyeron sus pertenencias. Violaron a sus esposas y consigo se las llevaron a Sepur Zarco, una base militar ubicada en El Estor, Izabal.
Cerca de la base militar Sepur Zarco vivían 15 mujeres que eran forzadas a realizar trabajos domésticos para los soldados, cocinar y lavar su ropa. Cada tres días llegaban a cumplir con su turno de trabajo de 12 horas, en los que además eran violadas. La misma rutina durante 4 meses para algunas y 10 meses para otras, hasta finales de 1983. En los 6 años posteriores, fueron obligadas a seguir viviendo cerca de la base y eran obligadas a hacer las tortillas para los soldados y conseguir el maíz para hacerlas. Cada vez que las llevaban, eran abusadas sexualmente, hasta que en 1988 los militares abandonaron la comunidad. Las 15 mujeres no tenían esposos, tierra o pertenencia alguna, más que el trauma y el sufrimiento de la brutal experiencia que vivieron.
Entre el 24 y el 28 de septiembre de 2012, las declaraciones de 15 mujeres q’eqchíes fueron tomadas. La mayoría de las mujeres entre los 70 y 80 años de edad, narraron los innumerables abusos que sufrieron en la base militar, pero aún cubrían sus caras al hacerlo. Con lágrimas en sus ojos, temblor en sus voces y dolor en sus corazones, las mujeres debían recordar lo que tanto habían tratado de olvidar. Después de varios años, el juicio llegó a su fin con la condena del Teniente Coronel Esteelmer Reyes Girón y el ex Comisionado Militar Heriberto Valdez Asij, a 120 y 240 años de cárcel respectivamente.
Ahora, en pleno 2021, la violencia contra las mujeres no ha cesado. Del 1 al 31 de enero se registraron 60 casos de femicidios y muertes violentas de mujeres. Sharon Figueroa, una niña de 8 años, fue asesinada; Hillary Arredondo, una niña de 3 años, fue violada y asesinada. Aunque las once sobrevivientes de Sepur Zarco le dijeron a sus agresores, a sus comunidades, al gobierno y al mundo “mak’al li qa xiw” (ya no tenemos miedo), en pleno 2021 Guatemala aún sigue siendo un lugar en el que sobran las razones para tenerlo, especialmente para las mujeres.
