Danilo Santos
La distribución de Comisiones en el Congreso de la República es sintomática de un gobierno antiderechos y un Estado que está diseñado para llevar a los peores a los puestos de elección popular. Revisando el posicionamiento de los cuadros políticos de los partidos en dichas Comisiones, es fácil darse cuenta qué interesa al Pacto de los Antiderechos en Guatemala. La Comisión de Derechos Humanos es presidida por el heredero de la política criolla, finquera, el cual ha tenido como primera acción la citación del Procurador de los Derechos Humanos para cuestionarlo por el caso del exjuez Moto. El diputado en declaraciones aseveró que “…el mismo trato se le va a dar a cualquier ciudadano guatemalteco sin importar cuál es su situación, sin importar cuál es su situación jurídica, sin importar cuál es su ideología, aquí todos los guatemaltecos están bienvenidos a presentar las denuncias en contra de las violaciones a los derechos humanos que tengan que presentar y el mismo trato les vamos a dar a todos los ciudadanos guatemaltecos”. Así que es momento de presentar denuncias por los casos de Bernardo Caal Xol, Cesar Montes, Domingo Choc Che, Alberto Cucul Cho, Medardo Alonzo Lucero, Fidel López, Abel Raymundo, Benoît María, Misael López Catalán, Carlos Mucú, de los más de 10 casos diarios que recibe el Ministerio Público de niñas abusadas sexualmente, de las 7 mil mujeres que al año son víctimas de delitos sexuales, de los casi 8 mil casos de embarazos en niñas menores de 14 años en los últimos años, y un largo etcétera de casos de violación a los derechos humanos que son serios e importantes, y no el berrinche de un operador de los corruptos e impunes de la clase política que cada vez más ratifican su participación en el Pacto de Corruptos.
Esta es solo una de las comisiones que velan por los derechos de la población en Guatemala, y ya da muestras su presidente de su vocación contra los Derechos Humanos; también están la de la Mujer, Salud y Educación, y conocidas sus presidencias y partidos a los que pertenecen, se augura un año de una lucha incansable por defender al país de caer en un Estado antiderechos.
Habrá que tomarle la palabra al heredero y llenar esa comisión y otras, de denuncias de la población, porque en Guatemala se violan los derechos más fundamentales, todos los días, a todas horas. Lejos de ser acomedidos por las recientes crisis de gobernabilidad que han provocado, desde la aprobación del presupuesto el año pasado, hasta la propia elección de Moto, la alianza conservadora del Congreso no da marcha atrás en su misión de cooptar el Estado, la Corte de Constitucionalidad es lo último que le falta y no descansarán hasta lograrlo o hasta que la población honrada y crítica los eche.
Apenas ha transcurrido un año de gobierno y por si fuera poco tener que lidiar con el Covid19, tenemos que soportar la soberbia y prácticamente la burla de quienes nos gobiernan. Basta, basta ya. Que se vayan todos.
