Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Una de las cosas que nos trazamos en La Hora, luego de cumplir los 100 años, fue centrar parte de nuestros esfuerzos en conformar un equipo de investigación periodística que nos permita evidenciar situaciones con la intención de que, al verlas, nos obliguemos como ciudadanos a encontrar las salidas para evitar los males.
La dilapidación de recursos tiene un impacto enorme en muchísimas vidas. Muchas veces nos centramos en el “beneficio” que tiene para los asistentes de la fiesta, pero poco hablamos de los efectos tan nocivos que esas pachangas de corrupción tienen en la vida de millones de guatemaltecos.
El día de hoy publicamos la primera investigación que surge de la necedad de alguien de revivir una empresa que había pasado bajo el radar en el Gobierno del “ni corrupto ni ladrón” y hay fuentes que, pidiendo no ser citadas por temor a represalias, expresan sobre los vínculos de cercanía entre la empresa y el diputado Melgar Padilla quien le hablaba al oído al expresidente Jimmy Morales.
Es fácil usar el Gobierno central o las municipalidades para el efecto porque no existen los mecanismos de control. La Contraloría General de Cuentas es parte del juego y los entes que contratan, en muchos casos, no tienen el interés porque no quieren “arruinar el negocio”.
Además del impacto que tiene en la falta de oportunidades todo ese pisto que se ejecuta con más sobra que obra, debemos entender por qué es “tan lucrativo” exponerse y hacer negocios y por qué es que necesitan cortes controladas y jueces sumisos que sean capaces de voltear la cara para otro lado.
En el país hay dinero para poder invertir en cosas que no solo impacten en el día a día de la gente, sino que sienten las bases para un crecimiento económico que es necesario y que forzosamente debemos hacer integral con el afán de ir cerrando brechas en lugar de abrirlas más.
Hay un dineral para invertir para que la gente tenga mejor acceso a la salud, para que nuestros niños se eduquen en condiciones del siglo 21, para que la justicia sea el camino en el que todos nos conduzcamos, que las obras se hagan pensando en remunerar bien a quien las ejecute con calidad, pero en especial para que el impacto sea para comunidades enteras que con sus impuestos ponen su grano de arena.
Llora sangre ver todo lo que ocurre, porque lo que hoy mostramos es solo uno de los cientos de facetas, grupos y modus operandi que hay para hacer fiesta con el dinero de la gente. Esa realidad no ha cambiado en este Gobierno y de hecho, hay fuentes que señalan al actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez de haberse interesado en la modalidad “Construdam” y que fue eso lo que puso en el radar a la empresa.
Así, con obras, plazas y enormes compadrazgos es que se lograron los acuerdos para el presupuesto 2021 y para no tocar nada de los “acuerdos políticos” es que el Gobierno busca ir haciendo ajustes pero la verdad es que nos están dando atole con el dedo. Hasta el CACIF le pidió al mandatario que mande la iniciativa al Congreso en virtud de la cual se haga el ajuste presupuestario, pero hasta la fecha no ha pasado nada.
Lo que está pasando en el Congreso es grave y va más allá de contratos porque son relaciones que implican entregarle el poder el crimen, pero es este manejo de dinero lo que permite acuerdos oscuros que sirven para satisfacer sus intereses aunque le den la espalda al país.
Urge que los guatemaltecos entendamos el problema, los niveles de porosidad del sistema y la facilidad para los malos negocios y que hagamos algo para cambiar esta realidad. Ser ciudadanos que viven en omisión es algo que debemos remediar.
