Desde su fundación la Asociación de Jueces por la Integridad ha venido haciendo un descomunal esfuerzo por hacer ver lo que significa la cooptación del sistema de justicia y los efectos que ello puede tener en el largo plazo, sobre todo relacionado con el retroceso que significa para cualquier país la pérdida de la certeza jurídica porque la aplicación de la ley está en manos de personas cuyo compromiso es con la impunidad. Pero esta vez fueron invitados para tener una participación en un importante webinar patrocinado por el Vance Center for International Justice, de la Barra de Abogados de Nueva York, y hablaron claro.
Y es que aunque seamos un país pequeño, los ojos de muchos en el mundo están puestos en el escándalo que significa esa voracidad del Pacto de Corruptos por controlar de manera absoluta todo el sistema de justicia e impresiona a los expertos cómo es posible que en una sociedad supuestamente democrática esas alianzas perversas sean capaces de lograr el control de toda la institucionalidad púbica, pero especialmente de lo relacionado con la administración de la justicia que es el pilar de la convivencia social. Sin la correcta aplicación de la ley se cae prácticamente en la ley de la selva porque cualquiera puede pisotear derechos ajenos, hasta el derecho a la vida, sabiendo que hay garantía de impunidad porque todos los jueces son designados para servir a ese objetivo que se convierte en el meollo de lo relacionado con la administración de justicia.
Entender cómo un prisionero señalado por corrupción es quien está realizando el proceso de selección de todos los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso, con una mayoría suficiente conformada a base de prebendas, negocios y hasta de dinero en efectivo entregado a los diputados, será el que hará la designación de los encargados de llevar todos los casos criminales y de instancias civiles que se diriman en el país. Pero todos y cada uno de los que serán designados pasaron por el filtro de Gustavo Alejos, el prisionero de marras, quien es el que califica quién sí y quién no es de fiar para garantizar que nunca más los corruptos tengan que vivir sobresaltos como los que les provocó la ya desaparecida CICIG y el Ministerio Público bajo la administración de Thelma Aldana.
Los periodistas y las organizaciones sociales preocupadas por el tema de la verdadera certeza jurídica, de la que deriva de la ley y no la que deriva de licencias o concesiones otorgadas a cambio de mordidas, podemos y debemos decir mucho al respecto. Pero el hecho de que una valiente Asociación de Jueces por la Integridad sean los que expresen en un webinar, contando con participación de personalidades extranjeras vinculadas al tema de la justicia, es un extraordinario aporte para que la comunidad internacional pueda entender lo que parece increíble, es decir que todos los juzgadores encargados de conocer acusaciones criminales estén de entrada comprometidos con los corruptos y dedicados a velar por su inmediata libertad. Un país que llega tan bajo, que con tanto descaro muestra al mundo el cínico y podrido poder de los políticos y sus socios del sector privado, sin duda provoca asco.
