Ángel Sas
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Una empresa, supuestamente apoyada por diputados como parte de los “acuerdos” que han dado vía libre a la aprobación en el Congreso de los temas de interés para la alianza oficialista, fue favorecida en un proceso de adjudicación para proveer estructuras metálicas al Gobierno a pesar de no cumplir con los requisitos. Incluso modificaron documentos dentro del expediente para lograr su cometido pero tuvo que ser anulado.
El 3 de febrero pasado comenzó un proceso de Contrato Abierto para adquirir estructuras metálicas y así colocar techos en canchas deportivas de varias escuelas del país.
El 17 de septiembre concluyó el tiempo para presentar ofertas. Hasta 14 empresas presentaron su oferta para ganar los contratos que según autoridades del Ministerio de Finanzas superan los Q350 millones en obras cuando sean otorgados el 100% de los trabajos.
La Junta de calificación, integrada por personal del Ministerio de Educación, solicitó más de un mes para verificar los datos de todas las empresas. Entre ellas su experiencia y si tenían un taller, fábrica o equipo necesario para realizar las obras.
El 5 de noviembre la junta calificadora dio a conocer que de las 14 empresas interesadas 11 quedaron fuera por no llenar los requisitos. Seis de ellas por un “requisito trampa” explica una fuente del Ministerio de Finanzas. En el formulario de ofertas en el literal “D” numeral 3.1 piden que todas las hojas de las ofertas debían llevar la firma y sello del propietario, representante legal o mandatario. No solo el de la empresa.
Solo dos empresas sabían de ese requisito: Constructoras del Kyrios y Sistemas de Servicios de Ingeniería S.A. Por eso sorprendió al resto de interesados cuando días después la junta calificadora publicó que también se había adjudicado hasta Q34 millones a la empresa “Construdam” quien tampoco había llenado ese requisito en los documentos físicos presentados. Pero cuando los documentos fueron escaneados ya tenían la firma y sellos del dueño de la empresa: Denizard Aqueche Medrano.
La empresa Semcon, quien fue descalificada, presentó una inconformidad el 10 de noviembre cuestionando a la junta calificadora sobre este hecho. Además, cuestiona si haberle adjudicado hasta Q34 millones se debe a “incongruencia, error o bien se le está ayudando”.
La Hora intentó hablar con el representante legal de Semcon con sede en Huehuetenango. Explicaron que devolverían la llamada, pero no lo hicieron.
La junta calificadora, después de la queja de la empresa Semcon, publicó el 13 de noviembre la decisión de anular todo el proceso al aceptar que Construdam no había cumplido con los requisitos y aún así se le había adjudicado Q34 millones. La junta admitió que “fueron sorprendidos en su buena fe” ya que no debería haber discrepancias entre los documentos físicos y los escaneados. “La alteración de los documentos afecta la transparencia del proceso” admitió la junta conformada por tres personas. Dos de ellas votaron por anular todo el proceso y un tercero explicó que sólo debía expulsarse a Construdam.
LEA: Acta donde se anula la adjudicación porque junta fue sorprendida en su “buena fé”
Se intentó hablar con los integrantes de la Junta Calificadora para que explicaran el por qué de su decisión, pero colgaron en las dos llamadas realizadas.
SURGEN QUEJAS
Las quejas no se hicieron esperar. Consultoría y Constructora del Kyrios (empresa propiedad de Enrique Ponsa Molina) y Sistemas de Servicios de Ingeniería S.A solicitaron que el proceso continuara y sólo se expulsara a Construdam, ya que a ellos ya se les había adjudicado. Por eso amenazaron con iniciar procesos legales contra el Estado por los gastos en los que habían incurrido en el proceso.
LEA: Carta donde se quejan que Construdam no cumplió y aún así se aceptÓ
La Constructora S&M acusó a la Junta calificadora que desde el principio se vio la intención de beneficiar a determinadas empresas “viciando todo el procedimiento”. Además, exigieron que presenten las denuncias penales para determinar quién alteró los documentos en un proceso de Q350 millones.
La Hora se comunicó con la constructora para tener su versión. Explicaron que devolverían la llamada. Al cierre de la edición ofrecieron una postura en horas de la tarde. De proporcionarla se consignará en este espacio.
LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS POSTERIORES
El 24 de noviembre el Ministro de Finanzas, Alvaro González Ricci, decidió “improbar” lo decidido por la junta evaluadora de anular todo el proceso. Esto hizo que la junta nuevamente se reuniera.
lea: Decisión del ministro de finanza de no aceptar la anulación del proceso
El 3 de diciembre la junta nuevamente se reúne y evalúan a las empresas nuevamente. Si antes habían dicho que tres empresas cumplían con los requisitos, ahora explican que ninguna empresa cumple por lo que no se puede adjudicar a ninguna.
El 14 de diciembre el Ministro de Finanzas acepta lo que resolvió la junta de evaluación.
AC: SE BUSCÓ FAVORECER A EMPRESA
Para David Gaytan, integrante de Acción Ciudadana, esto explica que está claro que las acciones que se realizaron fueron para favorecer a la empresa Construdam. “El cambio debió hacerse por personal del Ministerio de Finanzas porque fue realizado en el momento que se subieron los documentos. Debe investigarse” concluye Gaytan.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que Construdam fue aceptada por presión de diputados del Congreso porque “es parte de los acuerdos alcanzados”. Sin embargo, al quedar en evidencia la junta calificadora esta decidió anular el proceso.
LEA: Nueva resolución de la junta y ahora dicen que nadie cumple
