Walter Juárez Estrada
Para consolidar el estado de derecho en un régimen democrático, los órganos de justicia y los poderes del Estado, deben sujetarse a lo que dice la Constitución. Desde hace años la justicia en Guatemala, ha caído en desprestigio al contaminarse con la política en las comisiones de postulación, pues la mayoría de comisionados, reciben sobornos para elegir a los jueces no calificados, como ha quedado evidenciado en los últimos procesos y el Congreso, no elige a los magistrados, desacatando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad
El 13 de octubre de 2019, los magistrados cumplieron los 5 años para el que fueron elegidos. Las impugnaciones por el proceso de selección en las comisiones, trastocó la elección; la resolución de la CC. ordena a los diputados que de viva voz deben elegir a los nominados. El proceso por cuestiones políticas se empantanó. Al reanudarse el período de sesiones el Legislativo, tiene en su agenda la elección. Los representantes de la oposición han coincidido en no elegir a los que tienen tacha y cumplir con lo que ordenó del Tribunal Constitucional, y es aquí donde los diputados oficialistas y sus aliados, no llegan a acuerdos, por lo que se incurre en desacato y en ilegalidad.
La temática de la justicia tiene en vilo a la población que exige que se proceda cuanto antes a la elección y se rompan esos hilos frágiles entre los operadores políticos y económico y los tradicionales grupos de siempre que han jugado un rol importante en la conformación de los órganos de justicia y es la legítima preocupación que se tiene: la no elección.
La situación actual del sistema de justicia en el país es el abandono de los tres poderes del Estado y otras instituciones, entre ellas el Ministerio Público que por ley debe ceñir sus funciones a lo que regula la Carta Magna y su ley orgánica, pero desafortunadamente la Fiscal General del MP Porras se ha plegado a intereses corruptos y tras bambalinas ha debilitado el actuar de la FECI. Es público que los actuales magistrados de los Tribunales Colegiados, fueron elegidos a dedo, no por capacidad sino por intereses espurios por los ex diputados de los ex partidos PP y Líder y en las sentencias ha quedado evidenciado sus sesgos políticos.
Los diputados tienen la obligación de dignificar al Organismo Judicial, eligiendo a profesionales honestos para reivindicar la Justicia y los elegidos acelerar los procesos y terminar con la mora judicial que ha sido una de las grandes falencias que tiene ese Organismo, que ha perjudicado a usuarios y litigantes que se quejan del marcado retraso en las resoluciones y los jueces ahora ponen de pretexto que hay volumen de trabajo y que las audiencias se suspenden por la crisis de la pandemia,
En los gobiernos democráticos supuestamente como el “nuestro” los jueces efectúan las funciones de resolver conflictos sociales y deben ser controladores del ejercicio del poder, pero desgraciadamente en la práctica desde hace años, eso no es cierto, por intereses políticos y económicos.
