Jorge Santos

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Defensor de derechos humanos, amante de la vida, las esperanzas y las utopías, lo cual me ha llevado a trabajar por otra Guatemala, en organizaciones estudiantiles, campesinas, de víctimas del Conflicto Armado Interno y de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Creo fielmente, al igual que Otto René Castillo, en que hermosa encuentra la vida, quien la construye hermosa.

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Por Jorge Santos

Un año ha pasado desde aquel alegre y fatídico 14 de enero del 2019. Alegre por la salida de Jimmy Morales de la Presidencia, y fatídico por la llegada de otro personaje obscuro, acusado de ejecuciones extrajudiciales. Luego de que los esfuerzos de Morales por prorrogar su impunidad, retrasaron algunas horas la toma de posesión. Alejandro Giammattei inició su período de gobierno con un discurso plagado de gritos, vacías hurras patrioteras y amenazas a la institucionalidad democrática. El balance del siguiente año está plagado de números rojos y un enorme saldo negativo producto de la gestión de carácter fascista y autócrata del presidente Giammattei.

En su primer mes de gobierno impulsó una serie de Estados de Excepción de corta duración supuestamente para tomar control sobre dichos lugares y disminuir la delincuencia en municipios cuya población sigue enfrentando la violencia. En estos doce meses ha atacado a periodistas, señalado a quiénes él considera su oposición política y acusado falsamente a organizaciones de la sociedad civil. Junto a la alianza criminal consolidada en el Congreso de la República aprobaron una serie de reformas a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales, con el fin superior de eliminar aquellas que le son incomodas a sus mandatos. Impulsó otras iniciativas de ley que legitimaran las ejecuciones extrajudiciales, como de las cuales se le acusa.

Instauró una estructura paralela a la institucionalidad del Organismo Ejecutivo para dar empleo y privilegios a un personaje muy cercano a él. En esta ruta de acción dictatorial que en múltiples ocasiones contradijo el marco legal vigente enfrentó la llegada de la Pandemia COVID-19 al país. Cómo suele suceder en contextos de crisis, el autoritarismo se agravó y amplió, poco a poco invisibilizó su gabinete proclamando y anunciando que asumía como propia la responsabilidad de salvar a Guatemala de la Pandemia y de otros males. Día a día sostuvo cadenas nacionales confusas, llenas de dogma, carentes de cientificidad mientras debilitaba la institucionalidad responsable de velar por la salud, los derechos humanos y la paz. Tras bambalinas y entre cortinas de datos cuestionables, ministerios inestables y procesos de licitación falsos gestaba la más alta corrupción y saqueo al Pueblo guatemalteco.

La oligarquía chapina, mediante su servil presidente, optó de nuevo por sus privilegios a cambio de la explotación, el saqueo de los recursos naturales y de las finanzas públicas. La falsa filantropía de la élite económica, fue premiada con grandes negocios y la pandemia terminó siendo privatizada a favor de las históricas familias económicamente poderosas en Guatemala. El Pueblo cansado de la corrupción y las mentiras se indignó, se manifestó y se organizó solidariamente. Por estar cubriendo las falencias de un Gobierno que se volcó a robar, reprimir y mentir; obtuvo como respuesta violencia y represión.

Del primer año de gobierno del fascista de Alejandro Giammattei nada hay para celebrar. Se lamenta el incremento de pobreza, desnutrición y desempleo. La salida a esta crisis está, como siempre ha estado, en la organización social.

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