Por María España
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En conferencia de prensa, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) dio a conocer que, durante este 2020, contabilizó 1,004 casos de agresiones contra defensores, convirtiéndolo en el año más violento. Además, se registraron 15 asesinatos en distintos departamentos del país.
De la totalidad de registros de agresiones, 530 fueron contra hombres, y 338 hacia mujeres; mientras que 136 fueron contra organizaciones, colectivos y comunidades. Los departamentos con mayor cantidad de registros de violencia son: Guatemala, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Chiquimula.
La organización considera que el cambio de gobierno y el impacto de la pandemia por Covid-19 propiciaron que en este año aumentaran los hechos violentos en contra de los defensores. Estiman que, debido a la consolidación del autoritarismo por parte del presidente de la República, Alejandro Giammattei, el gobierno ha implementado una política de represión en contra de las personas que defienden derechos humanos.
“Prácticamente, el actual gobierno ha desmantelado toda la institucionalidad de la paz, los derechos humanos, así como los pocos y débiles mecanismos de protección existentes”, expresó la organización durante su presentación de resultados.
UDEFEGUA da conferencia sobre la situación de defensores de derechos humanos en Guatemala durante el 2020. En este año, contabilizaron 1,004 casos de agresiones. pic.twitter.com/xTa4RAs2C6
— Diario La Hora (@lahoragt) December 17, 2020
LOS CASOS
UDEFEGUA registró 313 casos de criminalización hacia defensores. Uno de ellos es la detención arbitraria en contra la comunicadora k’iche’ Anastasia Mejía Tiquiriz en Santa Cruz del Quiché, quién continua en proceso legal. Según los registros, las mujeres defensoras y periodistas comunitarias han sido atacadas constantemente por denunciar acciones que perjudican a las comunidades.
Además de los 15 asesinatos, también se han contabilizado 22 intentos de asesinato principalmente contra defensores del territorio.
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En tal sentido, la organización demanda al gobierno el cese de la política de represión, criminalización, y violencia en contra de personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, así como los territorios y medio ambiente.
En esto se incluye la destitución del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el cambio de las autoridades de la PNC, por el excesivo uso de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Por otro lado, exige al Ministerio Público que proceda con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de las agresiones contra defensores.
