Por María España
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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó ayer su informe anual sobre el examen de situaciones en el mundo que amerita una investigación completa, que indica que se está avanzando en el estudio de posibles crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con el que se podría contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas, según Human Rights Watch.
En el informe se establece que, debido a “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, la mortalidad en niños y adultos ha incrementado en un 31%, y los derechos a la alimentación, salud y educación han sido afectados de manera negativa, causando migración.
La Fiscalía indicó que existe “una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, incluyendo tortura, violación, y persecución por motivos, de acuerdo a normas del derecho internacional.
“En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
INDIVIDUOS PRO-GOBIERNO HAN PARTICIPADO EN REPRESIÓN
Además, la CPI menciona que la información proporcionada da fundamentos para señalar como presuntos responsables a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); la Fuerza de Acciones Especiales (FAES); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS); y varias unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Así también se presume que individuos pro-gobierno han participado en la represión contra opositores.
En tal sentido, Human Rights Watch indica que trasladaron informes publicados en 2014 y 2017, en los que se evidencian abusos generalizados contra opositores, señalando que “agentes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente y torturaron a detenidos”, y, además, “emplearon la fuerza de manera desproporcionada y cometieron abusos violentos contra individuos en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores y críticos del gobierno”.
Por lo que señalan el nulo avance del sistema de justicia de Venezuela de investigar las pruebas de abusos generalizados, dejando en la impunidad a la mayoría de las violaciones de derechos humanos. La organización también documentó casos de desapariciones forzadas.
“Dado que el poder judicial de Venezuela es un apéndice del ejecutivo, la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la fiscalía”, señaló Vivanco.
HABLAN SOBRE VÍCTIMAS
Mientras que, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó haber documentado, entre junio de 2019 y mayo de 2020, casos de golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo o luz blanca constante, y amenazas de muerte.
Además, Human Rights Watch puntualizó que “entre 2016 y 2019, policías y agentes de las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de más de 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta resistencia a la autoridad”.
La Fiscalía, estableció en ese orden concluir el examen preliminar durante el primer semestre del 2021 para determinar si existe un fundamento razonable para iniciar una investigación exhaustiva.
