Por María España
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Autoridades del gobierno de Cuba han utilizado las normas de prevención del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a críticos del gobierno, dando como resultado 34 víctimas de abusos, según un informe de la organización Human Rights Watch. Además, señala que las personas detenidas fueron enviadas a celdas “insalubres” exponiéndolos al contagio del Covid-19.
“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Este estudio se realizó entre julio y noviembre de este año; entrevistaron por teléfono a 35 personas, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados, así también consultaron artículos periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a los disidentes o personas que hayan emitido alguna crítica.
De acuerdo con el informe, treinta de las víctimas fueron detenidas por no usar mascarillas, y dos fueron perseguidas por “propagación de epidemias”, debido a que difundieron información sobre el registro de casos del virus. Mientras que los detenidos no tuvieron acceso a realizar una llamada telefónica, fueron golpeados, y algunos no contaron con un abogado para ser representados.
El régimen cubano se aprovecha de las reglas contra el Covid-19 para intimidar, multar, detener y perseguir a disidentes.
El arresto de miembros del Movimiento San Isidro es apenas el último ejemplo.
Documentamos abusos contra 34 víctimas
Nuevo informe: https://t.co/WwM0RumG6o pic.twitter.com/TOdTZusOGd
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 7, 2020
Además, asevera que el Código Penal de Cuba define el delito de “propagación de epidemias” como: “Infringir las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de […] epidemias de carácter grave o peligrosas”. Esta es sancionada con multas y hasta nueve meses de prisión.
En la misma línea, el Decreto 14-2020 señala que, en La Habana, se multará con US$77 a las personas que utilicen de forma incorrecta la mascarilla, realicen actividades recreativas en áreas públicas, o que “dificulten en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente”. Estas multas deberán pagarse dentro de los diez días siguientes, sino se duplicarán.
Por lo que, la organización indica lo siguiente: “Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento. Es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, a causa de una emergencia de salud pública grave.”
Entre los casos se menciona el arresto arbitrario de 14 activistas y críticos del gobierno, incluidos miembros del Movimiento San Isidro, en la casa del artista Luis Manuel Otero, la noche del 26 de noviembre. Según se relata, tres hombres vestidos como médicos entraron en la casa con la excusa de realizar la prueba de Covid-19 al periodista Carlos Manuel Álvarez.
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Además, señalaron que el periodista había infringido la norma de realizar el aislamiento; no obstante, los activistas se negaron a que fuera retirado del lugar, y los supuestos médicos se retiraron del lugar. Posteriormente, agentes de seguridad forzaron la puerta y arrestaron a 14 disidentes por “propagación de epidemias”.
El informe indica que patrullas policiales se estacionaron frente a las casas de varios de los detenidos liberados esa misma noche. Asimismo, detalla los siguientes casos de detenciones, acoso y multas arbitrarias por parte de agentes policiales:
• Keilylli de la Mora Valle – El 12 de abril fue detenida por haber bajado su mascarilla para fumar un cigarro mientras caminaba de regreso a su casa. El 16 de abril se le informó vía telefónica que debía presentarse a la estación policial por “desacato” y “propagación de epidemias”. Recibió una condena de 18 meses de prisión.
• Juan Miguel Pupo Arias – El 8 de abril fue acusado de “propagación de epidemias”, por no usar de forma correcta la mascarilla. Fue juzgado sin un abogado defensor y condenado a seis meses de cárcel.
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• Raux Denis Rodríguez Rodríguez – El 23 de abril, recibió una multa de US$120 por difundir información “contraria al interés social”, en relación con una publicación en Facebook señalando que el gobierno estaba “escondiendo casos de Covid”. Además, el 5 de septiembre fue detenido por “desacato en tiempos de Covid-19”.
• Maykel Castillo Pérez – El 15 de abril fue detenido sin que se le indicara el motivo. Indicó que los agentes lo golpearon en la estación policial. También se le aplicó una multa de US$115 por haber violado normas de convivencia en Facebook.
• Yordanis Labrada Tellez – El 29 de octubre fue condenado a 10 meses de prisión por multas impuestas en agosto y septiembre por haber colocado letreros Unión Patriótica de Cuba en las calles. Se le acusó de “propagación de epidemias” por haber recibido una visita.
