Por CLAUDIA TORRENS
NUEVA YORK
Agencia AP
Líderes de la Organización de Estados Americanos emitieron hoy un informe en el que critican con dureza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por no iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, alentando con esa demora al gobierno de Nicolás Maduro «a cometer más crímenes».
En su informe de 106 páginas la Secretaría General de la OEA destacó que le parece «sorprendente» e «inexplicable» que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no haya iniciado una pesquisa a pesar de que en 2018 la OEA le entregó un informe detallado con pruebas sobre supuestos asesinatos, torturas, violaciones, persecuciones y desapariciones forzadas ocurridos en Venezuela.
La Fiscalía, señaló la OEA, «parece estar lejos de llegar a una conclusión definitiva, a pesar de los casi tres años transcurridos» desde la entrega del informe.
«Aunque se entiende y se reconoce que la Fiscalía debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo» en Venezuela, señaló el reporte firmado por el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser.
Agregó que «como consecuencia, el régimen se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión de que puede actuar con total impunidad».
A principios de noviembre la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, anunció que había concluido en un examen preliminar que existía una «base razonable» para creer que crímenes de la jurisdicción de la Corte habían ocurrido en Venezuela. Sin embargo, aún debe concluir otras fases, como analizar si esos presuntos delitos han sido comprobados por las autoridades venezolanas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se reunió con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a principios de este mes para hablar del examen preliminar. Según un comunicado de la CPI, en la reunión Saab habló del sistema judicial venezolano, expresó su intención de colaborar con la Corte e invitó a Bensouda a visitar Venezuela. La CPI dijo que antes de fin de año emitiría otro informe con más detalles.
El lunes Saab emitió un comunicado diciendo que entregó un extenso informe a la CPI para «dar respuesta a todos los requerimientos realizados».
En su reporte del miércoles, la Secretaría General de la OEA acusó también a Bensouda de no haberse «ceñido a los principios generales de imparcialidad y objetividad» en su examen preliminar porque la Fiscalía omitió muchos datos importantes.
«La Fiscalía no menciona lo suficiente la magnitud y gravedad de algunos de los presuntos crímenes; esto plantea interrogantes graves sobre la omisión de pruebas fiables por la Fiscalía y sobre su intención de enjuiciar plenamente todos los crímenes perpetrados en Venezuela que son competencia de la Corte Penal Internacional», dijo el informe.
Portavoces de la CPI no respondieron el miércoles a las acusaciones de la OEA, que está liderada por el secretario general Luis Almagro.
El grupo regional incluyó datos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014 a 2020, entre los que destacó más de 18.000 asesinatos supuestamente perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes. También mencionó 653 casos documentados de torturas.
La Secretaría General de la OEA dijo, sin embargo, que la Fiscalía de la CPI «omite, sin explicación alguna, miles de denuncias de asesinatos de fuentes fiables».
En septiembre, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.
El gobierno de Maduro formalizó su salida de la OEA en 2019.
Algunos países miembros de la organización, como México, no reconocen la participación en los debates de la OEA de la delegación de Gustavo Tarré, designado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó como representante ante el organismo.
En febrero de 2018 Bensouda anunció la apertura del examen preliminar. En septiembre de ese año, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la situación en Venezuela a la Fiscalía y pidieron que se investigaran los posibles crímenes.
